El Servicio Nacional de Migraciones registra cerca de 28 mil expulsiones pendientes, acumuladas a lo largo de una década debido a diversos problemas. Uno de ellos, según el director del servicio, Luis Thayer, es la falta de presupuesto. Thayer señaló que el presupuesto aprobado para el año 2024 contempla la expulsión de dos mil personas, pero que este monto puede ser aumentado al doble si es necesario. Además, señaló que cada expulsión tiene un costo aproximado de $3.500.000. Por otro lado, las estadísticas muestran que Venezuela y Colombia son los países de origen de la mayoría de las personas expulsadas. En cuanto a la ejecución de las expulsiones, existen dificultades como la compleja labor de la PDI para ubicar a las personas con órdenes vigentes y la falta de capacidades para abordar la materialización de las expulsiones.
Razones de las expulsiones pendientes
El Servicio Nacional de Migraciones registra cerca de 28 mil expulsiones pendientes debido a diversos problemas que se han acumulado en los últimos años. Según el director del servicio, Luis Thayer, una de las principales dificultades para concretar las expulsiones es la falta de presupuesto. Durante una sesión en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Thayer aseguró que el presupuesto aprobado para el año 2024 permite la expulsión de dos mil personas, pero este monto puede ser aumentado al doble si es necesario. Las razones de las expulsiones pendientes son variadas.
Problemas presupuestarios
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, explicó que la falta de presupuesto es una de las principales dificultades para materializar las expulsiones pendientes. Según Thayer, el presupuesto aprobado para el año 2024 contempla la expulsión de dos mil personas, con un monto de $3.500 millones. Sin embargo, para concretar una expulsión se necesita comprar al menos cinco pasajes, lo cual tiene un costo aproximado de $3.500.000 por cada expulsión. El organismo tiene convenios con aerolíneas comerciales y la FACh para realizar vuelos chárter, pero esto no reduce significativamente los costos. Según Thayer, expulsar a 30 mil personas requeriría un presupuesto de 120 mil millones de pesos.
Cifras de expulsiones
Según las estadísticas del Servicio Nacional de Migraciones, desde 2018 hasta el 1 de julio de 2024, se han materializado 9.258 expulsiones administrativas y judiciales. Estas últimas han disminuido de manera sostenida en el tiempo. Durante los dos primeros años del gobierno de Sebastián Piñera, se materializaron 3.405 expulsiones judiciales, mientras que en el mismo periodo del gobierno de Gabriel Boric, esa cifra apenas alcanzó la mitad, situándose en 1.648 salidas. En cuanto a la nacionalidad de los expulsados, Venezuela y Colombia lideran el listado, seguidos por países como Bolivia, República Dominicana y Perú. En 2024, hasta el 1 de junio, se habían materializado 221 expulsiones de venezolanos y 201 de colombianos.
Complejidades en la ejecución de las expulsiones
La ejecución de las expulsiones presenta diversas dificultades, como la compleja labor de ubicación de las personas con órdenes vigentes y la falta de capacidades de la PDI para llevar a cabo las expulsiones dictadas. Los detectives no pueden ingresar a los domicilios para detener a los imputados, sino que deben esperar afuera a que la persona salga y luego aplicar el procedimiento en la calle. Además, la fiscalización por parte de las policías es deficiente y la dotación de la Policía Internacional es insuficiente para abordar la materialización de las expulsiones. El servicio ha ingresado una indicación para permitir que la PDI pueda ingresar a los domicilios con autorización previa, lo que agilizaría el proceso. Sin embargo, aún existen desafíos que deben ser abordados para lograr una ejecución más eficiente de las expulsiones.
