Cincuenta y tres familias del campamento La Veguita, ubicado en San Pedro de la Paz, enfrentan un inminente desalojo tras una disputa legal con la Congregación Religiosa Agustinos, propietaria del terreno ocupado desde 2022.
Toma y conflicto con la congregación
La ocupación del terreno, ubicado detrás de la Capilla Santa Teresa en Lomas Coloradas, comenzó en febrero de 2022 con cerca de 30 familias organizadas, número que posteriormente aumentó mediante votaciones internas.
Según los vecinos, antes de la toma el sitio estaba en completo abandono y era un foco de delincuencia. Aseguran haber limpiado, cercado y habilitado el lugar para sus viviendas, pese a la precariedad de las condiciones.
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Sin embargo, en 2023, la Congregación Agustinos interpuso una querella por usurpación no violenta contra tres representantes del campamento, desencadenando un proceso judicial.
Condiciones en el campamento
En la hectárea ocupada, las familias enfrentan condiciones difíciles. Todas las viviendas comparten cuatro baños comunitarios conectados al alcantarillado, y los residentes están «colgados» a sistemas de luz, agua y alcantarillado.
“Sabemos que es ilegal, pero no queremos que nos regalen el terreno, queremos comprarlo”, expresó Daniela Sagardia, dirigente del campamento, quien destacó que las familias buscan adquirir el terreno mediante subsidios habitacionales.
Respuesta de Los Agustinos
Desde la congregación indicaron que están en conversaciones con el Seremi de Vivienda y Urbanismo del Bío Bío, Gonzalo Muñoz, para evitar un desalojo forzoso. Plantearon la posibilidad de un plan que incluya subsidios de arriendo para los ocupantes ilegales y fijar una fecha de salida voluntaria.
«Estamos a la espera del plan de solución que nos enviará el Seremi, con el objetivo de evitar el desalojo y coordinar el retiro voluntario de las personas», señalaron.
Posición del Serviu
La directora del Serviu Bío Bío, María Luz Gajardo, explicó que el terreno pertenece a la congregación y figura en su catastro desde 2023. Añadió que, en caso de adquirirlo, podría destinarse a viviendas sociales para diversas familias de la región, no necesariamente para los habitantes del campamento La Veguita.
«Si se adquiere, será para fines propios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y no necesariamente para resolver este campamento en particular», afirmó la autoridad.
Futuro incierto
Mientras esperan una resolución judicial que definirá la fecha de desalojo, las familias de La Veguita se enfrentan a la incertidumbre de su futuro. Por ahora, su esperanza recae en alcanzar un acuerdo con las autoridades y la congregación religiosa para regularizar su situación o encontrar una alternativa habitacional.
