La Fiscalía de Bolivia confirmó la emisión de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), solicitando además seis meses de prisión preventiva por el presunto delito de trata de personas agravada. La acusación está vinculada a un supuesto abuso sexual cometido contra una menor de 15 años durante su mandato.
Róger Mariaca, fiscal general del país, anunció:
«Se está solicitando la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública».
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Detalles de la investigación
La fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, explicó que la orden de aprehensión fue emitida el pasado 16 de octubre, pero solo fue revelada este lunes debido a la complejidad del caso, ya que involucra a un exjefe de Estado. Según la hipótesis de la Fiscalía, Morales habría mantenido un acuerdo con los padres de la joven para facilitar la «trata» de la menor.
La fiscal añadió que:
«Desde el día uno, se realizaron operativos policiales para detener a Morales, pero fue imposible proceder debido a los bloqueos y agresiones de sus seguidores en el Chapare cocalero».
El escalamiento del conflicto político en Bolivia, con bloqueos de carreteras que se extendieron por 23 días, complicó la ejecución de la orden de captura.
El origen del caso
El escándalo data del año 2015, cuando Evo Morales gobernaba el país. De acuerdo con la investigación, el expresidente habría iniciado una relación con una joven de 15 años, con quien tuvo una hija en 2016.
La tesis de la Fiscalía sostiene que los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales con el objetivo de “escalar políticamente y obtener beneficios”. Por este motivo, tanto Morales como la madre de la víctima fueron imputados bajo la figura de trata de personas agravada, un delito que en Bolivia tiene una pena que va desde los 10 a 15 años de prisión.
Contexto político
Morales, quien ha negado todas las acusaciones, asegura que el caso forma parte de una persecución política impulsada por el gobierno de Luis Arce, su exaliado y actual presidente de Bolivia. Morales ha calificado esta situación como «lawfare», un término utilizado para describir la judicialización con fines políticos.
El exmandatario señaló que esta acción tiene como objetivo inhabilitarlo como candidato en las elecciones presidenciales de 2025, donde busca postularse nuevamente como líder de la izquierda boliviana.
Cabe recordar que esta es la segunda orden de aprehensión emitida contra Morales por el mismo caso. En septiembre, una orden previa fue revocada tras un recurso judicial presentado por su defensa.
Medidas adicionales
La Fiscalía también solicitó una alerta migratoria para evitar que Morales y la madre de la joven abandonen el país, mientras continúan las investigaciones.
La situación se desarrolla en un contexto de alta tensión política y social en Bolivia, con seguidores de Morales realizando protestas y bloqueos de caminos que han complicado aún más el panorama judicial y operativo.
El caso sigue en desarrollo, mientras las autoridades judiciales preparan las siguientes etapas del proceso.
