La Fiscalía Regional Sur, encabezada por Christian Toledo, ha llevado a cabo una operación de incautación en las oficinas del laboratorio Sanderson en Santiago y Concepción, como parte de una investigación relacionada con la contaminación de la bacteria Burkholderia en el suero utilizado en la red sanitaria estatal. Esta contaminación fue inicialmente descubierta por el Instituto de Salud Pública (ISP).
Diligencias para esclarecer la contaminación
En ambas diligencias, que fueron aprobadas judicialmente y se llevaron a cabo bajo un estricto carácter reservado, se confiscaron elementos clave como computadoras portátiles, teléfonos móviles personales y corporativos, unidades de almacenamiento USB y discos duros pertenecientes a los ejecutivos de Sanderson. La finalidad de esta incautación es determinar el alcance de conocimiento de los ejecutivos sobre las medidas de antisepsia microbiológica en el laboratorio.
La investigación dirigida por el fiscal Toledo se originó a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Salud en enero pasado, que reveló cientos de casos de personas infectadas y más de 30 muertes entre 2021 y 2022. En otras palabras, el fiscal debe reconstruir los eventos pasados y determinar responsabilidades.
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Crisis en el Ministerio de Salud
Sin embargo, la investigación dio un giro el 28 de septiembre actual, cuando surgió una crisis entre la titular del Ministerio de Salud, Ximena Aguilera, y el director del ISP, Rubén Verdugo, quien ordenó retirar todos los productos de Sanderson de la red hospitalaria.
Este incidente llevó a la suspensión de operaciones programadas en hospitales, y como respuesta, Aguilera ordenó que solo el suero no fuera distribuido. Posteriormente, a Verdugo se le pidió la renuncia a mediados de octubre, y se inició un sumario administrativo en su contra.
Problemas y desafíos
Desde principios de año, el fiscal Toledo tuvo dificultades para obtener información del Ministerio de Salud sobre las víctimas y muertes relacionadas con la bacteria Burkholderia. Envió una solicitud el 21 de julio de este año para conocer qué tipo de análisis y metodología utilizó la autoridad para llegar a la cifra de 35 personas fallecidas debido al microorganismo y para acceder a las fichas clínicas de los fallecidos entre 2021 y 2022. Sin embargo, chocó con obstáculos, ya que el Ministerio de Salud alegó que esta información estaba protegida por la ley de derechos del paciente y no podía ser entregada.
Por lo tanto, el fiscal Toledo tuvo que recopilar información de diversas entidades de salud para comprender la magnitud de los problemas causados por la bacteria Burkholderia, que afectaron a personas desde Antofagasta hasta la Región de Magallanes.
Reunión clave para la investigación
La complejidad de la investigación llevó a una reunión reservada el 26 de octubre en la Fiscalía Nacional, con el propósito de mejorar la coordinación y el intercambio de información. En esta reunión participaron la ministra Aguilera, funcionarios del Ministerio de Salud, el fiscal Toledo y el fiscal nacional, Ángel Valencia, junto con expertos de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Delitos Medioambientales.
La presencia de esta unidad especializada señaló que la investigación del fiscal Toledo podría dirigirse hacia delitos distintos a los relacionados con la salud.
Origen de la Contaminación
Actualmente, el fiscal Toledo colabora con la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (Bridema) de la PDI para llevar a cabo las diligencias. Dada la envergadura de la causa, detectives del Cibercrimen se unieron a la investigación para revisar los equipos tecnológicos y de almacenamiento incautados.
Sanderson ha negado su responsabilidad en la contaminación y ha declarado que no tiene evidencia de que sus instalaciones en Santiago sean la fuente de la bacteria.
Cabe destacar que en 2020, Sanderson fue multada con US$15 millones por colusión en licitaciones públicas junto con su par Fresenius.
