Este lunes se llevará a cabo la cuarta jornada de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien está imputado por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el caso Farmacias Populares. Después de tres días de audiencia y del receso del fin de semana, finalmente se conocerán las medidas cautelares que se le aplicarán al jefe comunal en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
Solicitan prisión preventiva contra Daniel Jadue
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la parte querellante en esta causa solicitaron la prisión preventiva del alcalde Jadue. Asimismo, la empresa Best Quality SPA, que denunció a Jadue por estafa y originó la indagatoria, también se unió a esta petición.
Por su parte, la defensa a cargo del abogado Ramón Sepúlveda se mostró abierto a una cautelar de firma y arraigo, argumentando que la prisión preventiva no debería ser una pena anticipada y debe estar absolutamente justificada.
Relacionados
«Estoy tranquilo»
Jadue, consultado el domingo sobre su formalización, aseguró estar tranquilo. Afirmó tener la fuerza para enfrentar los desafíos y seguir construyendo un proyecto popular. Además, afirmó que no tiene ningún problema y que todo esto es un show de la Fiscalía, que busca tener un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo. Esta audiencia es esperada con expectación, especialmente en el Partido Comunista, que ha mostrado su respaldo a Jadue incluso con manifestaciones en el tribunal.
¿De qué se le acusa a Daniel Jadue?
La fiscal Giovanna Herrera investiga a Jadue por los ilícitos cometidos en las negociaciones entre la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y la empresa Best Quality SPA. El alcalde, en su calidad de presidente de la Achifarp, habría solicitado un millonario aporte en insumos para el Partido Comunista a cambio de convertirse en proveedora de las farmacias populares.
La empresa vendió insumos por cerca de $1.000 millones a la Achifarp y no se le pagaron, lo que llevó a interponer una querella por estafa. Durante la indagatoria, un vendedor de la empresa se autodenunció y reveló el soborno a Achifarp en insumos valorados en 20 millones de pesos para ganar la licitación de los insumos contra el Covid-19.
«Se configuró el delito de cohecho»
El supuesto soborno se llevó a cabo en julio de 2020, cuando un camión de la empresa llegó a la sede comunal del Partido Comunista en Recoleta para entregar alcohol gel, pecheras, guantes de vinilo y guantes quirúrgicos. Según la Fiscalía, se configura el delito de cohecho, además del fraude al Fisco por el uso de recursos públicos. Los alcaldes que formaron parte de la Achifarp también declararon ante la fiscalía sobre el desorden administrativo y la falta de transparencia al interior de la entidad.
