El miércoles, en el Tribunal de Rancagua, se llevó a cabo la formalización de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de la región de O’Higgins, investigados por los delitos de obstrucción a la investigación y omisión de denuncia en relación con el robo a la empresa de valores Brinks, ocurrido en agosto de 2024.
Fiscalía detalla los hechos
El fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins, Javier Von Bischoffhausen, destacó la gravedad de los delitos imputados, señalando que los funcionarios no realizaron la denuncia obligatoria, pese a contar con información clave.
- Información previa al robo: Según la Fiscalía, tres semanas antes del robo, los oficiales conocían detalles como:
- La cantidad de sujetos involucrados.
- La fecha estimada del delito.
- El uso de armamento de guerra y vehículos robados.
A pesar de ello, «ninguno de estos tres oficiales hizo la denuncia al Ministerio Público», afirmó Von Bischoffhausen, quien subrayó que los imputados, con más de 15 años de servicio, incumplieron su deber legal como funcionarios públicos.
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Por su parte, el abogado defensor público, Cristian Godoy, argumentó que sus representados no cometieron delito, señalando que los hechos futuros no son denunciables.
- Cumplimiento de deberes internos: Según Godoy, los oficiales «informaron a la jefatura» y cumplieron con sus obligaciones.
«Entendemos que no hay delito. Ellos cumplieron con la obligación de informar (…) Los hechos futuros no son denunciables», afirmó.
Querella del Consejo de Defensa del Estado
En paralelo, se informó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra los tres funcionarios, abriendo una nueva arista en este caso.
Estado de la investigación
La Fiscalía no solicitó medidas cautelares para los imputados, aunque la investigación sigue en curso. La audiencia marca un nuevo capítulo en un caso que pone en entredicho el actuar de los funcionarios policiales en el robo que impactó a la región.
