Petición de aclaración al Ministerio Público
La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, confirmó este lunes que el Ejecutivo solicitó a la Fiscalía aclarar una presunta solicitud del fiscal Patricio Cooper para intervenir el celular del Presidente Gabriel Boric en el marco de la investigación del caso Procultura, solicitud que habría sido rechazada por un tribunal.
Este martes, la autoridad aclaró que el Ministerio Público aún no ha entregado una respuesta oficial y que, hasta ahora, solo existen trascendidos sobre el tema.
Gobierno insiste en la falta de confirmación oficial
En entrevista con Súbela Radio, Etcheverry señaló:
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- «Ayer se conocieron trascendidos. Los trascendidos, al igual que las filtraciones, no son buenos para las instituciones ni para los procesos».
- Destacó que por la gravedad del caso y su posible impacto en la seguridad nacional, el Gobierno solicitó una aclaración formal.
La ministra enfatizó que, por el momento, la Fiscalía no ha confirmado ni descartado si efectivamente existió una solicitud para intervenir las comunicaciones del Mandatario.
Además, subrayó que «el Gobierno está siempre absolutamente disponible a colaborar con todas las instancias judiciales», reafirmando el compromiso de transparencia del Ejecutivo.
Seguridad nacional y el estándar de intervención telefónica
Sobre el mismo tema, la ministra de Segpres, Macarena Lobos, explicó en Radio Infinita que una eventual intervención del teléfono del Presidente podría involucrar temas sensibles de seguridad nacional.
Lobos precisó:
- «Es la máxima autoridad, hay conversaciones y temas que pueden involucrar a la seguridad nacional, que son reservados».
- Recordó que el Código de Procedimiento Penal establece un estándar más alto en estos casos, donde no basta la autorización de un juez de garantía, sino que es necesaria la autorización de la Corte Suprema.
Pese a estas consideraciones, la ministra reafirmó:
- «Nadie está por sobre la ley».
- «Las instituciones deben respetarse».
- «La Fiscalía deberá acreditar que se cumplen los requisitos legales para una medida tan grave como la intervención de comunicaciones».
