La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió este lunes a la controversia generada por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, propiedad que se buscaba transformar en un museo, pero cuyo proceso quedó en suspenso tras detectarse irregularidades.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el incremento de casi $100 millones en el valor del inmueble en un plazo de apenas dos semanas, situación que hoy es objeto de investigación.
La polémica por el alza de precio: casi $100 millones en dos semanas
Según los antecedentes revelados, el Ministerio de Bienes Nacionales fijó inicialmente, el 12 de septiembre, un valor de $828.920.942 para la propiedad, de la cual es copropietaria la ministra de Defensa, Maya Fernández. Sin embargo, tras los reclamos de la familia Allende, el precio fue ajustado a $922.152.558, apenas 15 días después.
Finalmente, la compra no se concretó, ya que el Ejecutivo advirtió que negociar un inmueble con autoridades de Estado está prohibido por la Constitución.
«Las cosas no se hicieron como tenían que hacerse»
Al ser consultada por el tema en Radio Infinita, Aisén Etcheverry reconoció que existieron errores en el proceso:
«Aquí las cosas ocurrieron de una manera que no tenían que ocurrir y ahí está el resultado», afirmó, aclarando que aunque el proyecto se frenó antes de concretarse, es evidente que «las cosas no se hicieron como tenían que hacerse».
La ministra (s) destacó que actualmente hay investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía y un sumario administrativo en el Ministerio de Bienes Nacionales, cuyo objetivo es dilucidar lo ocurrido y establecer responsabilidades.
«El alza de precio está siendo investigada»
Respecto al incremento del valor del inmueble, Etcheverry señaló que:
«El alza de precio es parte de lo que hoy día está en investigación y, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando existen procedimientos en curso es importante que el Ejecutivo no se pronuncie públicamente, para no intervenir en esas investigaciones».
Gobierno atento a las investigaciones
Sobre las posibles consecuencias políticas, especialmente en relación a la ministra Maya Fernández, quien enfrenta un recurso de inhabilidad presentado por la oposición al Tribunal Constitucional (TC), Etcheverry manifestó que:
«Hoy día existe un sumario administrativo, una investigación de la Fiscalía y también el Tribunal Constitucional está revisando el asunto».
Además, enfatizó que, aunque los parlamentarios tienen derecho a presentar los requerimientos que estimen, el Gobierno espera los resultados de las investigaciones en curso:
«Estos procesos son los procesos institucionales, tienen que llevarse adelante, hay que colaborar con ellos y vamos a estar atentos a los resultados. Eso es lo que corresponde, sin importar quién sea la persona involucrada», concluyó la vocera (s).
