En medio de una creciente tensión política, el gobierno de Javier Milei ha tomado medidas enérgicas contra la magistrada Karina Andrade, tras liberar a un gran número de detenidos en recientes manifestaciones. Esta situación ha planteado serias cuestiones sobre la independencia judicial y la estabilidad política en Argentina.
La Denuncia Formal del Gobierno
La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó la denuncia contra la jueza Karina Andrade. A través de un comunicado en sus redes sociales, Bullrich señaló la liberación de más de un centenar de detenidos tras las protestas en apoyo a los jubilados. Según Bullrich, los manifestantes, que incluyeron barras bravas y militantes políticos, atacaron con palos, cuchillos y fuego, resultando en policías heridos y patrulleros incendiados.
Las Acusaciones contra Andrade
La secretaria de Estado acusó a Andrade de no revisar los antecedentes de los manifestantes, violando la Ley de Reiterancia y liberándolos sin cumplir con los procedimientos adecuados. Bullrich destacó que la jueza actuó con «complicidad» al no seguir los procesos judiciales correctos y, de manera inusual, liberar detenidos incluso a través de métodos poco ortodoxos como WhatsApp.
“No fue un error, fue complicidad”, declaraba Bullrich, haciendo hincapié en que la acción de la jueza podría contribuir a la repetición de delitos por parte de los ya detenidos. La denuncia formal contra Andrade incluye cargos de prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
Argumentos y Defensa de la Jueza
En su fallo, Andrade sostuvo que se debían considerar derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Afirmó que la información policial era imprecisa, comprometiendo la detención legal de los manifestantes al no proporcionar detalles claros sobre los cargos. Andrade defendió su decisión resaltando la importancia de la democracia y el debido proceso.
Reacciones y Consecuencias Políticas
Las palabras de Bullrich reflejan una creciente desconfianza respecto a algunas decisiones judiciales, enfatizando que «si los jueces garantistas los sueltan no hay salida». Según la ministra, esta situación permite a los delincuentes continuar operando sin consecuencias reales, cuestionando la eficacia del sistema judicial actual en contra de lo que ella percibe como un intento de desestabilización del gobierno de Milei.
- Las protestas se realizaron en apoyo a la actualización de pensiones y otros beneficios sociales.
- La moratoria previsional, clave en la demanda, vence en marzo, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de muchos jubilados.
Este conflicto destaca las tensiones entre diferentes poderes del Estado en Argentina y plantea preguntas sobre cómo manejará el gobierno de Milei estos desafíos sin comprometer los derechos ciudadanos fundamentales.
