El Gobierno de Chile confirmó la expulsión de 37 extranjeros este viernes, en el marco del primer vuelo chárter del año 2025, destinado a los países de Bolivia, Colombia y Ecuador. Los expulsados cometieron diversos delitos en territorio chileno, lo que llevó a su salida obligatoria del país.
Detalles de la expulsión
Según el comunicado emitido por el Servicio Nacional de Migraciones, las 37 personas expulsadas se dividen en:
- 21 expulsiones administrativas relacionadas con infracciones a la normativa migratoria, como ingreso por pasos no habilitados.
- 16 expulsiones judiciales, mandatadas por tribunales debido a la comisión de delitos graves, como:
- Robo con intimidación.
- Robo con violencia.
- Porte ilegal de armas de fuego.
- Tráfico ilícito de drogas.
Estas acciones buscan garantizar la seguridad pública, alineándose con la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
Avances en los procedimientos de expulsión
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó que la implementación del Protocolo de Expulsiones Administrativas, junto con medidas tecnológicas y normativas, permitirá que las expulsiones sean más rápidas y efectivas, especialmente en casos que representen un peligro para la seguridad pública.
«Hemos puesto especial énfasis en la expulsión de personas con antecedentes penales, reflejando nuestro compromiso por avanzar en seguridad», afirmó Thayer.
Por su parte, la prefecta Polly Ureta, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, explicó que el operativo incluyó la participación de 43 oficiales policiales como escoltas, dado que gran parte de los expulsados son personas vinculadas a delitos graves.
Balance de expulsiones en 2024
Durante el 2024, Chile expulsó a 1.100 extranjeros mediante vuelos chárter y comerciales regulares, de los cuales:
- 690 fueron expulsiones administrativas, marcando la cifra más alta en los últimos seis años.
- 410 correspondieron a expulsiones judiciales.
El Servicio Nacional de Migraciones enfatizó que estas cifras reflejan un esfuerzo continuo por perfeccionar los procedimientos migratorios y aplicar las sanciones de manera eficaz y oportuna.
Con este operativo, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad y el orden público, mediante la aplicación estricta de la normativa migratoria y penal.
