La iniciativa busca frenar la migración irregular por pasos no habilitados
La diputada independiente y jefa de bancada IND-PPD, Camila Musante, se reunió este viernes con el ministro del Interior (s), Luis Cordero, quien confirmó el apoyo del Ejecutivo al proyecto de ley que crea la figura de deportación administrativa para migrantes que ingresen al país por pasos no habilitados. Esta propuesta establece medidas estrictas contra aquellos que no se presenten voluntariamente ante las autoridades, incluidas sanciones penales.
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Detalles del proyecto de ley y sus implicancias
El proyecto de ley establece que cualquier persona que ingrese al país de forma irregular, a través de pasos no habilitados, será inmediatamente considerada como expulsada. Además, la iniciativa contempla que las personas en esta situación tengan la opción de presentarse ante las autoridades hasta dos veces al mes. Si no cumplen con esta obligación, se procederá al arresto y se enviarán a centros penitenciarios comunes para su detención.
Camila Musante destaca la importancia de la ley
La diputada Camila Musante explicó que el proyecto tiene como objetivo frenar la migración irregular que se ha intensificado en los últimos meses. «Estoy convencida de que este proyecto va a permitir desincentivar una migración descontrolada como la estamos viendo hoy», afirmó Musante, destacando que la medida es crucial para «proteger nuestras fronteras» y evitar el colapso de las instituciones públicas en áreas como salud y educación debido a la sobrecarga por la migración irregular.
Reacciones al respaldo del Ejecutivo
Respecto al respaldo del Ejecutivo, la diputada Musante confirmó que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha decidido patrocinar el proyecto. Esto significa que el Gobierno se compromete a apoyar la propuesta legislativa, asegurando que esta medida ayudará a controlar la migración descontrolada y garantizará el cumplimiento de las leyes nacionales sobre inmigración.
Impacto esperado en la política migratoria
Este proyecto de ley busca reforzar la política migratoria del país y ofrecer un marco legal claro para enfrentar la creciente preocupación sobre el ingreso ilegal de migrantes. Las autoridades esperan que con este tipo de medidas se logre una gestión más ordenada y controlada de la migración, mejorando la seguridad y los servicios para todos los habitantes del país.
