El Gobierno Regional de Valparaíso respondió a un informe de la Contraloría Regional que detalla presuntas irregularidades en la adquisición de camiones aljibe, asegurando haber cumplido con las normativas vigentes. Mientras tanto, parlamentarios anunciaron que presentarán una querella criminal por el delito de malversación de caudales públicos contra quienes resulten responsables.
Detalles del informe de Contraloría
El informe de la Contraloría apunta a diversas irregularidades en el proceso de compra, incluyendo una presunta falsificación de firmas en documentos de pago a la empresa Porsche SpA, encargada de proveer los camiones. Estas observaciones han generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la transparencia del proceso.
Postura del Gobierno Regional
El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, afirmó que se entregó la información requerida a la Contraloría y que se han aplicado multas a la empresa responsable. Además, destacó que se instruyó previamente una auditoría sobre la empresa Porsche SpA para esclarecer los hechos.
«Cumplimos con las normativas vigentes en la materia», aseguró Mundaca, agregando que se están tomando medidas para abordar las irregularidades señaladas.
Reacciones parlamentarias
El caso ha provocado críticas desde distintos sectores políticos:
- Diputado Tomás Lagomarsino (independiente apoyado por el Partido Radical): Solicitó que las irregularidades sean investigadas administrativamente, especialmente la presunta falsificación de documentos.
- Diputado Andrés Celis (Renovación Nacional): Anunció que interpondrá una querella criminal contra los responsables del delito de malversación de caudales públicos, señalando que el caso evidencia «negligencias importantes».
Investigaciones en curso
Los parlamentarios enfatizaron la necesidad de continuar las investigaciones para esclarecer responsabilidades en:
- El uso de los recursos asignados.
- Las multas cursadas a la empresa.
- La presunta falsificación de firmas en los documentos asociados al contrato.
Este caso sigue en desarrollo mientras se espera que las autoridades competentes determinen si hubo delitos y negligencias en el manejo de recursos públicos.
