Un hombre fue detenido en estado de ebriedad durante la noche del sábado recién pasado en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes, tras intentar perpetrar un robo en un local comercial de dicha ciudad. Sin embargo, tras su formalización, el motivo que lo envió a prisión preventiva fue el haber vociferado una amenaza a la dueña del local comercial.
¿Qué se sabe del caso?
De acuerdo a lo informado por La Prensa Austral, la noche del sábado Carabineros recibió una variedad de llamados que alertaban de la presencia de un hombre que deambulaba ebrio por la calle, mientras golpeaba ventanas de automóviles estacionados y pretendía provocar daños en locales comerciales. Es así que dicho medio detalló que el sujeto fue divisado por personal policial cuando golpeaba un vehículo con una persona al interior, al mismo tiempo que ocultaba un arma en su ropa. Posteriormente, se negó a colaborar con un control de identidad, por lo que acabó siendo detenido.
La amenaza que lo dejó en prisión preventiva
En su formalización, Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue acogida por el juez Cristián Armijo, debido a un hecho que ocurrió antes de que el hombre fuera detenido, y que se basa en una amenaza realizada.
Lo anterior, debido a que uno de los múltiples llamados que fueron realizados a Carabineros fue realizado desde un local de comida rápida, quienes acusaron que el sujeto ingresó de manera agresiva a su local, e intimidó a la dueña y los trabajadores, exigiendo la entrega del dinero.
Luego de su ingreso a este local, la dueña del mismo, asustada por la situación, escondió los celulares que estaban a la vista y arrojó las llaves del local al piso. Por su parte, el imputado golpeó el cajón de la plata y la amenazó diciéndole que si no le entregaba dinero o comida, le iba a dar “pólvora o dinamita”.
Fue justamente esta amenaza la que lo dejó en prisión preventiva, ya que, una vez que el robo fue frustrado por otro trabajador del local, el sujeto se retiró, siendo detenido bajo las condiciones previamente expuestas.
Finalmente, según detalló el mismo medio, “la calificación jurídica de los hechos fueron constitutivos de los delitos de robo con intimidación, porte de arma blanca en espacios públicos y ocultamiento de identidad a la autoridad. Argumentando un peligro para la seguridad de la sociedad por las amenazas proferidas, el fiscal Aguirre solicitó la prisión preventiva para el imputado mientras dure la investigación, lo que fue acogido durante el plazo de 60 días que fueron establecidos para esclarecer la causa”.
