Corte Suprema había ratificado la orden en marzo y plazo venció el 27 de agosto
La Inmobiliaria y Constructora San Antonio anunció que iniciará el proceso de desalojo en los terrenos de su propiedad en el Cerro Centinela, en San Antonio, luego de no alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respecto al precio del paño de 260 hectáreas donde hoy habita una megatoma con cerca de 10.000 personas.
Fallida negociación con el Gobierno
El procedimiento judicial ya había sido aprobado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificado por la Corte Suprema en marzo pasado. El plazo para ejecutar el desalojo venció el 27 de agosto, fecha desde la cual se mantenían conversaciones con el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Sin embargo, tras la última reunión, la inmobiliaria acusó que no hubo avances en la discusión sobre el precio y las condiciones de venta. “El Gobierno no puede pretender que los privados financiemos, a costa de nuestro patrimonio, una política habitacional”, señalaron los dueños, Ricardo Posada y Carlos Solari.
Diferencia en el valor del terreno
Uno de los puntos centrales es el precio ofrecido por el Estado. De acuerdo con lo conocido, el Gobierno propone pagar 0,21 UF por metro cuadrado, mientras que los propietarios esperan 0,4 UF.
La empresa recordó que en febrero se había establecido llegar a acuerdo en precio, condiciones de venta y garantías, pero acusó que ninguna de estas materias se resolvió. “Jamás hubo una entidad dispuesta a financiar la operación; de la garantía, el ministerio ahora declara que es imposible que sea entregada; y sobre el precio no ha habido negociación alguna”, afirmaron.
Propietarios defienden su posición
Desde la inmobiliaria plantearon que la negociación ha estado enfocada únicamente en el precio, dejando en segundo plano sus intereses. “El ministerio solo quiere que los propietarios accedamos al precio que las familias puedan pagar, más allá de los valores comerciales y de nuestros legítimos intereses”, expresaron.
Finalmente, insistieron en que esperan que “impera el estado de Derecho y se restablezca nuestro derecho a la propiedad”, rechazando las críticas sobre intransigencia frente a la propuesta gubernamental.
