La empresa Inversiones Las Arenas Ltda., propietaria de Patio Bellavista, presentó una demanda por $13.744 millones contra el Estado, argumentando graves perjuicios económicos y un entorno inviable para operar debido a la violencia descontrolada posterior al estallido social.
Demanda por falta de seguridad y perjuicios económicos
La acción judicial fue presentada el 26 de noviembre de 2023 ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, acusando una “falta de servicio” por parte del Estado en términos de seguridad pública. Según el empresario Álvaro Jadue Melnick, quien firma la demanda, los acontecimientos de octubre de 2019 marcaron un cambio drástico en la vida institucional y social del país.
El documento resalta que Patio Bellavista, que solía recibir 125.545 visitas semanales antes del estallido, experimentó una caída de 45,5% en enero de 2023, afectando gravemente su rentabilidad.
Zona de sacrificio y abandono de locales
La demanda también describe cómo el sector de Plaza Baquedano y sus alrededores se convirtieron en una “zona de sacrificio”, comparando la situación con áreas como Ventanas o Quintero, afectadas por problemas ambientales, pero en este caso por la inseguridad pública. El descontrol y la violencia en la zona llevaron al abandono de decenas de locales comerciales, afectando el funcionamiento del recinto.
Impacto en proyectos de expansión
El texto detalla cómo la inseguridad también frustró un ambicioso proyecto de expansión de Patio Bellavista, que estaba valorado en $43.210 millones. Este proyecto contemplaba la creación de nuevos restaurantes, locales comerciales y espacios de coworking, pero todo quedó paralizado debido a los problemas de seguridad en la zona y a la posterior pandemia.
Reconocimiento del Estado de la situación
En marzo de 2022, el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció la problemática y pidió disculpas a los empresarios afectados. “Como Ministro de Estado, pedirles disculpas por la incapacidad que ha tenido el Estado hasta ahora de asegurarles una vida razonable y una posibilidad de llevar a cabo sus negocios”, expresó en esa ocasión.
Exigencia de responsabilidad por parte del Estado
La demanda, patrocinada por el estudio Ovalle Consejeros Legales, exige que el Estado asuma su responsabilidad por no garantizar el orden público, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley N.º 20.502.
