El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, le dio patrocinio y poder a dos abogados del estudio jurídico Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann (BACS), en el marco de la investigación que lidera la Fiscalía Oriente, debido al millonario coaching cuestionado por Contraloría.
Según pudo constatar La Radio, la autoridad del Gobierno Regional (GORE) Metropolitano fichó a los juristas José Pedro Silva y Miguel Schürmann, en el contexto de la indagatoria del Ministerio Público por las presuntas irregularidades detectadas por el ente fiscalizador. Una de ellas corresponde a la contratación de una serie de actividades de coaching ontológico por un monto superior a los $31 millones.
Notoriedad y casos representados por el estudio BACS
El estudio contratado por Orrego ha ganado notoriedad en el último tiempo, asumiendo causas complejas vinculadas a figuras del Frente Amplio (FA) y sectores afines al progresismo.
Entre los casos del estudio jurídico BACS figura la del propio Presidente Gabriel Boric (FA), en el marco de la denuncia de una mujer que lo acusó de divulgar fotografías explícitas de ella. Por su parte, la defensa del mandatario contraargumentó, asegurando que fue la mujer quien acosaba al jefe de Estado. Por este causa, el mandatario fue sobreseído según la resolución del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
- Defensa de Gabriel Boric en denuncia por divulgar fotos explícitas.
- Defensa de Irací Hassler (PC) por filtración de chats.
Casos representados por José Pedro Silva y Miguel Schürmann
Miguel Schürmann representa a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en la defensa tras la polémica filtración de chats con la diputada Karol Cariola, por presunto tráfico de influencias.
José Pedro Silva aparece vinculado al municipio de Maipú, liderado por Tomás Vodanovic (FA), como abogado querellante en la causa contra la exalcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, imputada por delitos de corrupción.
Defensa de Josefina Huneeus por «pinchazo» telefónico
El estudio BACS representa a Josefina Huneeus. Alejandro Awad defendió por el “pinchazo” al teléfono de la expareja de Alberto Larraín, principal imputado del caso ProCultura.
La acción de la Fiscalía fue declarada ilegal por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y ratificada por la Corte Suprema, en un fallo a favor de la psiquiatra.
