Un convenio entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Fundación ProCultura por $268 millones tiene en la mira de la Fiscalía al actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, en el marco de la investigación por líos de platas políticas. Esto, tras una querella que interpusieron dos consejeros regionales por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida, delitos tributarios y otros ilícitos, y que ya fue declarada admisible por la justicia.
Investigación por convenio entre Gobierno Regional de Ñuble y la Fundación ProCultura
Junto con Crispi, el libelo también se dirige contra el gobernador de Ñuble, el socialista Óscar Crisóstomo, la administradora del GORE, Alicia Contreras, el director regional del SAG, Osvaldo Alcayaga, y contra la Fundación encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín y representada legalmente por la actriz Constanza Gómez.
Modificación presupuestaria y asignación de fondos
De acuerdo a los antecedentes expuestos en el escrito, en julio de 2022 cuando Crispi ejercía como Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), autorizó una modificación presupuestaria “en tiempo récord”, de tres días, a una petición realizada por la máxima autoridad de Ñuble. La solicitud iba en beneficio del programa «Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble», que fue asignado por trato directo a Procultura, y que permitió que se realizaran “dos transferencias por $50.000.000 y $218.100.000, respectivamente a la Fundación, las que ascienden a la relevante suma de $268.100.000”.
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Sospechas contra ProCultura y inconsistencias en los pagos
Una vez firmado el convenio, comenzaron los primeros cuestionamientos respecto al rol de la Fundación de Alberto Larraín, debido a que contrató a una empresa de Concepción para que realizara el proyecto, sin que supuestamente tuviera permiso para realizar ese tipo de gestión. Así lo detalla la querella al señalar que Procultura “procedió a subcontratar los servicios de Consultora y Productora Esquerré Limitada y Servicios Turísticos Esquerré Limitada, respecto de las cuales pagó sobreprecios por los servicios y bienes respecto de los cuales contrató, no estando autorizada para ello”. Con estos antecedentes, el libelo interpuesto por el abogado Juan Pablo González sostiene que Crispi, el gobernador y los otros querellados actuaron bajo una “falsa legalidad en el otorgamiento de los fondos públicos”, y que además hubo inconsistencias en los pagos, lo cual fue detectado por la Contraloría.
Otro caso que complica a Crispi
La arista Ñuble del caso Procultura no es la única que complica al asesor más cercano del presidente Boric. Los cuestionamientos en su contra también apuntan al convenio por $629 millones entre el GORE de Antofagasta y la extinta Fundación para el programa de “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica”. Esto, porque mientras se desempeñó como Subsecretario de Desarrollo Regional, era el encargado de asignar recursos a las regiones y validó la experiencia de la ONG para ejecutar el proyecto, pese a que no tenía el giro requerido para el trabajo específico. Además, Crispi fue interrogado como imputado por las irregularidades en torno a las Fundación Democracia Viva y una eventual omisión de denuncia.
Cambio de fiscales y avances de la investigación
Hasta hace dos semanas, la arista Procultura del caso Convenios estaba en manos del persecutor regional de Aysén, Carlos Palma, pero el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió sacarlo de la causa, luego de que apareciera mencionado en un chat del caso Audios. Por esto, la indagatoria quedó a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien seguirá adelante con las investigaciones abiertas por los convenios en seis regiones, incluidas la Metropolitana, Antofagasta, Biobío y Valparaíso. En cuanto a los millonarios traspasos del GORE de Ñuble, el 26 de abril pasado, funcionarios de la PDI junto a un equipo de persecutores llegaron hasta el edificio institucional en Chillán para incautar computadores y equipos telefónicos, incluyendo el del gobernador Crisóstomo.
