El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, presentó una defensa frente a una serie de cuestionamientos hacia su administración. Estos cuestionamientos provienen de informes de Contraloría que detectaron irregularidades en la compra de la Medialuna de Chillán, en los contratos con la empresa de áreas verdes, Parques Johnson, y en las contrataciones realizadas durante su administración. A esto se suma una investigación en curso y acciones judiciales de concejales que buscan destituirlo por notable abandono de deberes. El alcalde ha calificado estas acusaciones como «acusaciones políticas».
Funcionarios y acciones judiciales en contra del alcalde
Las acusaciones en contra del alcalde Benavente han sido realizadas por representantes de su propio sector político, como la concejala comunista Quenne Aitken y el concejal radical Juan Pablo López. Además, el concejal de RN, Joseph Careaga, envió un correo a los funcionarios de la municipalidad acusando que las irregularidades se le habían advertido al alcalde. Los concejales también han emprendido acciones judiciales, buscando la destitución del actual administrador municipal, quien se encuentra suspendido de su cargo.
Falta de abstención y suspensión del administrador municipal
El administrador municipal de Chillán, Richard Guzmán, ha estado fuera de su cargo por más de 120 días debido a una denuncia realizada por un diputado de RN. La Contraloría ordenó un sumario en su contra y el fiscal instructor del sumario advirtió a la Fiscalía de Ñuble sobre la posible comisión de ilícitos penales. Durante la investigación, Guzmán ha seguido recibiendo su remuneración. El socio del administrador, Carlos Araya, ocupa el cargo de director de Secpla y también registra una remuneración mensual cercana a los $7.460.070.
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Contratos con hermanos del director de Secpla
Los hermanos del director de Secpla también tienen contratos con la municipalidad. Richard Araya trabaja en la dirección de Medio Ambiente y Felipe Araya es funcionario de la dirección de Seguridad. Ambos aparecen en un informe de Contraloría que detectó a 21 trabajadores a honorarios que emitieron «informes homogéneos» que describen las mismas funciones mensualmente. Además, se constató que Guzmán intervino en la contratación de dos personas cercanas a él, contrataciones que debió haberse abstenido según la Contraloría.
Pagos del alcalde al hermano del administrador
El alcalde Benavente paga directamente a Samuel Guzmán Fernández, hermano del administrador municipal, por el manejo de sus redes sociales. Esta modalidad fue observada por la Contraloría, que cuestiona que el alcalde no haya formalizado este vínculo a través de un contrato con la municipalidad. Chile Transparente cuestiona que un particular maneje las redes sociales del alcalde y advierte que esta modalidad no permite someter a Guzmán a un sumario si cometiera faltas o irregularidades en su cargo.
El complejo historial del contendiente: el exalcalde Sergio Zarzar
Sergio Zarzar, exalcalde de Chillán y uno de los principales contendientes de Benavente en las elecciones de octubre, ha enfrentado polémicas durante su mandato. En el «caso luminarias», su asesor jurídico y su exadministrador municipal fueron formalizados por cohecho y enfrentan el juicio oral. Zarzar también fue formalizado por desacato, pero el caso fue sobreseído. Durante su administración, los contratos para la mantención de áreas verdes también generaron problemas. La Contraloría detectó deficiencias en dicho contrato y la falta de cursar multas a la empresa encargada del servicio.
