La reputada organización ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, se encuentra en medio de una intensa polémica debido al caso Convenios. La fundación está siendo investigada por diversos delitos, como fraude al fisco, tráfico de influencias y lavado de activos. Los contratos suscritos por la organización en distintas regiones de Chile superan los $5 mil millones. El caso involucra a gobernadores, empresas, el Consejo de Defensa del Estado y ex trabajadores de ProCultura que acusan impagos de sueldos y cotizaciones. La investigación está en manos de la Fiscalía y ha derivado en una serie de querellas que buscan aclarar el destino de los fondos y si fueron utilizados para fines políticos.
Las querellas: ¿platas para fines políticos?
Los directivos de ProCultura, Alberto Larraín y la actriz María Constanza Gómez, enfrentan al menos una decena de querellas presentadas por empresas y partidos políticos, como AngloAmerican, Chile Vamos, el Partido Republicano y los gobiernos regionales de Metropolitano y Antofagasta. Las querellas se refieren a distintas aristas del caso en las que se están investigando el uso de fondos públicos. El fiscal a cargo busca responder interrogantes, como por qué los aportes a ProCultura aumentaron significativamente durante el gobierno de Gabriel Boric y si esos fondos se utilizaron para proyectos o para fines políticos.
Las demandas: ¿dónde está el dinero?
La Fundación ProCultura también se enfrenta a una serie de demandas interpuestas por particulares e instituciones públicas en distintas regiones del país. El Gobierno Regional Metropolitano presentó una demanda por un trato directo por más de mil 600 millones de pesos, para un programa de prevención del suicidio que nunca se concretó. Otra demanda fue presentada por la Fundación Círculo Polar por una deuda de $58 millones 350 mil. El GORE de Antofagasta y el CDE también solicitan la restitución de fondos entregados a ProCultura para la pintura de fachadas. Además, la Productora Gráfica Andros Limitada reclama el no pago de cinco facturas por casi $43 millones. Ante la falta de respuestas, se ha dictado una orden de embargo de los bienes de María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación.
Los ex trabajadores: ¿finiquitos impagos?
Más de 20 trabajadores de ProCultura han presentado demandas laborales en distintas regiones del país. Estos trabajadores fueron desvinculados de la organización cuando se anunció el cierre definitivo debido al escándalo del caso Convenios. En las demandas, los trabajadores denuncian el no pago de finiquitos, a pesar de haber firmado los documentos correspondientes. Además, acusan a la Fundación de haber engañado a los empleados, sabiendo que no cumpliría con las indemnizaciones. Los juicios laborales siguen en curso y se ha tenido dificultades en notificar a los representantes de la Fundación para comparecer ante los tribunales.
