El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció este lunes la apertura de una investigación penal de oficio por el presunto uso fraudulento de licencias médicas en el sistema público, luego de una denuncia formal realizada por la Contraloría General de la República. El caso involucra a más de 25 mil funcionarios del Estado que, entre 2023 y 2024, habrían solicitado licencias para ausentarse del trabajo y utilizado ese tiempo para viajar al extranjero, generando un millonario perjuicio fiscal.
Fiscalía Oriente toma la delantera en la indagatoria
Según explicó Valencia mediante un comunicado, la causa fue derivada a la Fiscalía Metropolitana Oriente, dirigida por la fiscal Lorena Parra, quien ya cuenta con experiencia en investigaciones vinculadas a fraudes en la emisión y uso de licencias médicas. La unidad analizará los antecedentes reunidos por la Contraloría para determinar si los casos deben distribuirse a otras fiscalías regionales o mantenerse concentrados en la zona oriente.
“Se trata de hechos graves que implican una posible defraudación al Fisco y uso indebido de recursos públicos”, señaló la Fiscalía en su declaración.
Hacienda instruye sumarios en todos los servicios públicos
La respuesta desde el Ejecutivo no tardó en llegar. La Dirección de Presupuestos (Dipres), a cargo de Javiera Martínez, instruyó la apertura inmediata de sumarios administrativos en todos los organismos del Estado donde se hayan identificado estas irregularidades. Los servicios tienen 72 horas para iniciar los procedimientos internos, con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables, así como recuperar los recursos públicos comprometidos.
“Hemos estado trabajando hace más de dos años por controlar el ausentismo en el sector público, pero tras la pandemia la situación se ha vuelto insostenible”, afirmó Martínez.
Un fenómeno de alto impacto fiscal: más de 350 millones de dólares al año
El impacto de estas licencias irregulares no es menor. Según la directora de Dipres, el ausentismo en el Estado se ha más que duplicado en los últimos años. Solo en 2023, se registraron más de 8 millones de días laborales perdidos, lo que obligó al Estado a desembolsar más de US$350 millones en suplencias y reemplazos.
Este fenómeno, calificado como “multicausal” por las autoridades, empeoró significativamente tras la pandemia, con un uso masivo de licencias médicas como mecanismo para ausentarse del trabajo sin justificación médica comprobable.
¿Qué sanciones arriesgan los involucrados?
Los trabajadores que resulten responsables del fraude arriesgan sanciones administrativas, la devolución de los dineros malversados, e incluso penas de cárcel si se comprueba dolo o falsificación de documentos. También se evalúa investigar a médicos que podrían haber facilitado las licencias sin fundamentos clínicos, una práctica que ya ha sido sancionada en otros casos previos.
La investigación recién comienza, pero podría convertirse en uno de los casos más masivos de fraude al Fisco en los últimos años, con alcance nacional y múltiples instituciones afectadas.
