Cuando fue citado a la primera Comisión Investigadora del Caso Convenios, se convirtió en un debate el hecho de si calificaba o no como funcionario público, y por tanto si es que estaba obligado a comparecer a la sesión.
La esperada comparecencia de Miguel Crispi
Recién a la tercera citación, y tras una intervención del contralor Jorge Bermúdez, se logró que el jefe de asesores de la Presidencia asistiera a responder las preguntas de los parlamentarios presentes.
«Ha sido bastante incómoda esta situación a la que hemos llegado, porque lo que menos quisiera yo es mostrarme distante con la función fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas, y por eso es que estoy aquí», dijo Miguel Crispi al abrir su intervención del 6 de noviembre pasado.
Fueron más de tres horas de participación, donde el tema que se tomó gran parte de la jornada fue cómo y cuándo se enteró de los convenios de Democracia Viva en Antofagasta, y qué hizo con esa información.
La aprobación de Procultura
La fundación Procultura, fundada por el psiquiatra Alberto Larraín, es junto con Democracia Viva, las organizaciones más cuestionadas del Caso Convenios. Desde que se destapó el primer caso, el Ministerio Público ha allanado nueve organismo públicos en la arista Procultura.
A lo largo del país, existen investigaciones «icónicas» en cada Gobierno Regional. El Caso Lencería en Biobío, Manicure en la Araucanía, y Fachadas en Antofagasta. En este último caso, la Fundación Procultura se adjudicó un proyecto de $629 millones para la recuperación patrimonial. En esa ocasión, fue Miguel Crispi como Subdere, quien aprobó a la organización como apta para desarrollar el trabajo.
Por ello, el presidente de la comisión Rubén Oyarzo, dice que cuando Crispi asista «queremos que vaya en la condición de ExSubdere y queremos saber cuál fue la implicancia, las gestiones que hizo como Subdere para entregar los recursos a fundaciones como por ejemplo Procultura».
Una valoración similar hace del tema el diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien plantea además que tendrán que plantearle preguntas respecto a la relación personal con Alberto Larraín, a quien se le atribuye cercanía con el presidente Gabriel Boric.
Al igual que Oyarzo, la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos) estuvo presente en la primera CEI en la que expuso durante tres horas el jefe del segundo piso. Sin embargo, dice que «cuando Miguel Crispi vino a la primera Comisión Especial Investigadora del Caso Convenios, no dio ninguna luz para ayudar a transparentar los traspasos millonarios a las fundaciones pro Boric».
Las versiones contrapuestas
A pesar de que lo expuso largamente en su primera participación, tras la filtración de la segunda declaración de Tatiana Rojas, volvió a la palestra el debate respecto a cómo se enteró Presidencia del Caso Democracia Viva y qué decisiones tomó.
El 6 de noviembre, Crispi planteó que al enterarse del tema, llamó a la subsecretaria de Vivienda y le pidió que investigara la situación. Mientras que en sus declaraciones, Rojas dice que no recibió la instrucción de nadie del Gobierno para abordar el caso, y que fue ella quien decidió contactar al jefe de asesores para avisarle.
Por ello, para el diputado de Renovación Nacional Hugo Rey, sigue siendo relevante «tener claridad respecto de cuándo él se enteró, de lo que sabía, de lo que pudo haber transmitido, con quién se contactó, a quién transmitió información».
Contradicciones instaladas que según el diputado Araya, ya no es posible desenredar por medio de la nueva Comisión Investigadora. «Excede por lejos las capacidades de uno como parlamentario, eso ya es materia de investigación penal», dice el parlamentario independiente-PPD.
En el oficialismo, el diputado socialista Daniel Melo dice que el martes debe plantearse «todo lo que ayude a que el país conozca qué sucedió, cómo sucedió y en qué tiempos, es una ayuda y una necesidad. No puede haber nada escondido en esto. Crispi ha colaborado y no tengo dudas que lo seguirá haciendo».
Citación del Ministerio Público
Para la sesión del día martes, también está citado el fiscal nacional Ángel Valencia, aunque es probable que quien asista en representación del Ministerio Público sea el jefe de la unidad anticorrupción Eugenio Campos, quien coordina las investigaciones del Caso Convenios a nivel nacional.
En la Comisión Investigadora esperan poder conocer los patrones comunes que la Fiscalía ha encontrado en las múltiples causas que han abierto a nivel nacional.
Los parlamentarios integrantes creen relevante determinar cuáles han sido las situaciones que funcionaron como «caldo de cultivo» para la gestación de casos de corrupción, mal uso de recursos públicos y tráfico de influencias. Ítem donde una de las tésis más potentes apunta a la mala ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales y las transferencias de dinero a instituciones privadas como una forma de cumplir con la proyección del gasto planteada inicialmente.
