El Ministerio Público cuestiona la ruta del dinero en efectivo usado por el exsubsecretario del Interior, abriendo una posible nueva causa por malversación.
La Fiscalía avanza en una nueva arista del caso contra Manuel Monsalve, centrada en el mal uso de fondos públicos destinados a gastos reservados, por un total que supera los $847 millones, abriendo una línea paralela a la ya existente investigación por delitos sexuales.
Ingresos no explican su nivel de vida: el foco está en el dinero en efectivo
Según reveló La Tercera, el Ministerio Público elaboró un análisis detallado del comportamiento financiero del exsubsecretario, detectando inconsistencias entre sus ingresos declarados y el nivel de vida que sostenía, particularmente con uso constante de dinero en efectivo.
Monsalve, quien tuvo un sueldo promedio mensual de $6.500.000 durante su gestión, no logró justificar el origen de múltiples operaciones con billetes, que, según sus propias declaraciones, se habrían realizado por su “gusto” por utilizar efectivo. Sin embargo, los registros de giros bancarios y consumos personales no sostienen esta explicación ante el ente persecutor.
Más de $800 millones en gastos reservados bajo sospecha
La segunda línea investigativa involucra los fondos de libre disposición que manejó como subsecretario del Interior. De acuerdo con los datos recopilados por la Fiscalía, entre 2022 y el primer semestre de 2024, Monsalve tuvo acceso a $847.468.000 en gastos reservados:
- 2022: $367.308.000
- 2023: $380.160.000
- 2024 (primer semestre): $100.000.000
Parte de estos montos, entregados mensualmente, fueron retirados en efectivo, sin un respaldo contable claro. Según el ministro de Justicia, Luis Cordero, en octubre de 2024 se abrió la caja fuerte de la oficina del exsubsecretario, encontrándose apenas un poco más de $1 millón en efectivo, además de dos comprobantes de retiros de $50 millones cada uno, realizados poco después de encuentros con la denunciante del caso original.
Posibles consecuencias judiciales: de lo penal a lo administrativo
La falta de correspondencia entre ingresos formales y uso de efectivo, sumada al escaso rastro del destino de los fondos retirados, podría derivar en una nueva imputación por malversación de caudales públicos, delito especialmente grave tratándose de recursos reservados asignados a funciones de seguridad.
Según fuentes del caso, la Fiscalía prepara nuevos movimientos procesales que podrían ampliar la carpeta investigativa más allá de los presuntos delitos sexuales. La trazabilidad del dinero es la clave en este nuevo capítulo que complica aún más la situación de Monsalve.