Un total de 131 instituciones públicas ya han dado inicio a sumarios administrativos por el uso irregular de licencias médicas, en medio del escándalo revelado por la Contraloría General de la República que involucraría a más de 25 mil funcionarios y más de 36 mil licencias utilizadas para salir del país sin justificación médica válida.
¿Qué instituciones están involucradas?
Según explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, del total de licencias cuestionadas, un tercio corresponde a la administración central del Estado, mientras que el 60% restante está asociado a municipalidades, y una menor fracción involucra a universidades y empresas públicas.
De los 8 mil funcionarios públicos de la administración central vinculados a posibles irregularidades, se han identificado 12.503 casos específicos. Sin embargo, solo 6.592 funcionarios están actualmente siendo sumariados, ya que muchos ya no pertenecen a la institución o ya estaban bajo investigación por el mismo motivo.
Características de los sumarios iniciados
Marcel fue enfático en señalar que “estos son sumarios administrativos, no investigaciones sumarias”, lo que implica un proceso más profundo, centrado en determinar el motivo de la licencia, los viajes realizados durante su vigencia y la justificación de dichos desplazamientos.
En esta línea, el ministro reconoció que existen diferencias entre los datos entregados por Contraloría y los proporcionados por las instituciones involucradas. Estas diferencias, dijo, se deben a razones metodológicas como errores en el conteo de casos, autorreportes incorrectos y duplicación de datos que deberán ser depurados en las próximas semanas.
Consecuencias para los funcionarios implicados
Las sanciones no se limitan al plano administrativo. Marcel indicó que estas pueden incluir:
- Rechazo de la licencia por parte del asegurador.
- Devolución de los fondos recibidos durante el período de la licencia.
- Suspensión del cargo con reducción de sueldo.
- Destitución, en casos especialmente graves.
- Sobreseimiento o absolución, en situaciones justificadas como licencias maternales.
Además, pueden derivarse responsabilidades penales, dependiendo de la gravedad del caso y si se configura algún delito como fraude al fisco o falsificación de documentos.
Un caso con amplio alcance nacional
Este proceso tiene especial relevancia porque afecta la credibilidad del sistema de salud y las instituciones públicas, en momentos donde el correcto uso de los recursos fiscales es altamente demandado por la ciudadanía. La Contraloría ya advirtió que las investigaciones también se extenderán a municipios y universidades, sectores donde se concentra gran parte de las irregularidades detectadas.
La investigación actual se perfila como una de las más grandes relacionadas con el uso de licencias médicas en el país, y sienta un precedente sobre la fiscalización y control de estos beneficios laborales en el sector público.
