La Ley Antievasión busca reducir la informalidad y aumentar la recaudación fiscal mediante el control de transferencias bancarias.
El mes pasado se aprobó la Ley de Cumplimiento Tributario en Chile, conocida también como Ley Antievasión, que tiene como objetivo limitar la evasión fiscal y fortalecer la recaudación de impuestos. Esta nueva normativa establece que las entidades bancarias deberán notificar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando un cliente supere un límite de transferencias o depósitos, impactando a particulares, emprendimientos y empresas.
Objetivos de la Ley de Cumplimiento Tributario
La Ley de Cumplimiento Tributario responde a la necesidad de reducir la evasión fiscal en el país. Según explicó Aurora Sepúlveda, contadora y experta en finanzas, la ley busca evitar que tanto personas como empresas operen de forma informal, es decir, sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Con esto, el Estado espera mejorar los ingresos a través de un ajuste en las normativas tributarias y bancarias.
Algunas de las principales disposiciones de la ley incluyen:
- Ajuste al secreto bancario para facilitar la fiscalización de transacciones sospechosas.
- Incorporación de la figura del denunciante anónimo con recompensas por informar sobre evasiones tributarias.
- Limitación de compras exentas hasta los 41 dólares.
¿Cuándo deben reportar los bancos al SII?
Una de las medidas centrales de esta ley es el seguimiento de transferencias y depósitos bancarios. Los bancos están obligados a informar al SII cuando un cliente reciba más de 50 transacciones de diferentes RUT en un solo mes. También, deberán notificar si una persona acumula más de 100 transferencias o depósitos de distintos RUT en un semestre.
Este requisito permitirá al SII identificar y monitorear a quienes reciban abonos de manera frecuente, lo que podría indicar actividades económicas no declaradas o ingresos sin formalizar.
Personas y empresas afectadas por la nueva normativa
Según Aurora Sepúlveda, esta normativa afectará a todos los contribuyentes, desde personas naturales hasta empresas y pequeños emprendimientos. En el caso de las empresas, la fiscalización será constante, y no dependerá de la detección de una anomalía. Esto significa que cualquier movimiento sospechoso podría ser motivo de auditoría.
Para las personas naturales, la normativa impactará principalmente a quienes realicen trabajos informales o no declarados. Por ejemplo, aquellos que realizan ventas de productos sin formalizar podrían estar sujetos a la supervisión del SII si las transacciones cumplen con los límites establecidos.
Sepúlveda enfatiza que, aunque el enfoque en la fiscalización no es nuevo, la normativa ahora es más precisa y apunta a promover la transparencia tributaria. Esto permitirá reducir la evasión y asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.
