Un ambicioso plan inmobiliario de 1.600 viviendas en la comuna de Quilicura se encuentra en un punto crítico, enfrentando una férrea oposición por parte del municipio local y una defensa directa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El conflicto ha escalado hasta llegar al Tribunal Ambiental de Santiago, donde se decidirá el futuro del proyecto.
La iniciativa, denominada Parque Quilicura, contempla la construcción de 50 edificios de ocho pisos, sumando 1.600 departamentos, 18 locales comerciales, 1.861 estacionamientos vehiculares y 994 para bicicletas, según detalla la inmobiliaria responsable, Todos Los Santos. Pese a haber sido aprobada en marzo de 2023 por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana (Coeva), su desarrollo hoy cuelga de un hilo.
Quilicura contra Parque Quilicura: argumentos ambientales y sociales
La alcaldesa Paulina Bobadilla presentó en abril de 2023 una solicitud de invalidación de la resolución que aprobó el proyecto, argumentando una serie de impactos ambientales no descartados. La petición, de 86 páginas, sostiene que la evaluación original fue insuficiente y que el proyecto debió haber ingresado mediante un Estudio de Impacto Ambiental más riguroso.
Entre los principales puntos expuestos por el municipio se encuentran:
- Riesgos para la salud debido a efluentes, emisiones y ruidos del proyecto.
- Falta de identificación de impactos en la calidad del aire.
- Inadecuado descarte de efectos sobre recursos hídricos.
- Afectación significativa a los sistemas de vida de vecinos y vecinas.
- Posibles impactos sobre sitios con valor arqueológico.
Pese a estos cuestionamientos, el 10 de marzo de 2025 la Coeva Metropolitana rechazó la solicitud de invalidación, argumentando que no se acreditaron vicios en la resolución que calificó favorablemente el proyecto.
SEA defiende la resolución y busca desechar reclamos
Ante la negativa, el municipio llevó el caso al Tribunal Ambiental de Santiago, insistiendo en los mismos fundamentos. En respuesta, el SEA ingresó un informe el pasado 28 de mayo, solicitando que los reclamos del municipio no sean considerados.
En su informe, el organismo aseguró que «las alegaciones planteadas no son efectivas y deben ser desacreditadas», destacando que el proyecto no generará emisiones atmosféricas significativas ni representará un riesgo para la salud de la población.
El estado actual del proceso judicial se encuentra «esperando informe», a la espera de una respuesta por parte de las organizaciones que respaldan al municipio, lo que permitirá al tribunal contar con todos los antecedentes necesarios para emitir su fallo definitivo.
