El gobierno de Javier Milei en Argentina enfrenta una fuerte polémica tras la publicación de un decreto en el que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) utiliza términos obsoletos y discriminatorios para referirse a personas con discapacidad mental. El documento, que establece los criterios para acceder a pensiones por invalidez laboral, ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos en inclusión.
Clasificación polémica de la discapacidad en Argentina
El anexo del Decreto 843/2024, que regula el acceso a pensiones no contributivas, exige a los solicitantes presentar certificados médicos y antecedentes clínicos. Sin embargo, la controversia radica en la clasificación utilizada para evaluar a personas con discapacidad psiquiátrica, donde se emplean términos como:
- Idiota (CI 0-30): No puede subsistir solo, no controla esfínteres ni maneja dinero.
- Imbécil (CI 30-50): Puede realizar tareas rudimentarias, pero no lee ni escribe.
- Débil mental profundo (CI 50-60): Firma documentos, tiene vocabulario simple, pero no maneja dinero.
- Débil mental moderado (CI 60-70): Realiza operaciones simples y puede trabajar en empleos de baja exigencia.
- Débil mental leve (CI 70-90): Puede completar la educación primaria o secundaria y realizar tareas de mayor complejidad.
El documento detalla que las personas clasificadas como «débiles mentales profundos o mayores» podrán recibir pensión, mientras que los casos moderados, leves o fronterizos serán evaluados según sus condiciones de vida y antecedentes laborales.
Rechazo de organizaciones y expertos
La publicación del decreto ha generado una ola de críticas desde distintos sectores. Siete organizaciones de derechos de las personas con discapacidad, encabezadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), han solicitado la derogación inmediata de la normativa.
“Las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación histórica hacia las personas con discapacidad”, señaló Eduardo Quiroga, abogado de la ACIJ.
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), su presidenta, Gabriela Troiano, calificó el uso de estos términos como un acto de violencia institucional.
“Muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en Argentina. Es una terminología denigrante y violenta”, enfatizó.
Posibles consecuencias legales para el gobierno de Milei
El uso de estos términos en una normativa oficial podría representar una violación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina. Según el artículo 8 de la Convención, los Estados deben promover el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad, evitando el uso de lenguaje discriminatorio o estigmatizante.
Las críticas no solo se enfocan en la terminología, sino también en la dificultad que impone la nueva regulación para acceder a beneficios sociales, lo que podría vulnerar derechos adquiridos por personas con discapacidad en el país.
