La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado un proyecto que obliga a los abogados defensores de imputados por delitos de drogas, terrorismo, corrupción o asociación delictiva a recibir sus honorarios mediante métodos rastreables. La iniciativa, aprobada por unanimidad, establece el uso de cheques, transferencias electrónicas u otros medios para garantizar el origen lícito de los fondos.
Obligatoriedad de medios rastreables para recibir honorarios en casos de delitos graves
En un importante paso hacia la transparencia y la lucha contra el crimen, la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley que obliga a los abogados defensores de los imputados por delitos de drogas, terrorismo, corrupción o asociación delictiva a recibir los honorarios correspondientes mediante métodos rastreables. Esta medida tiene como objetivo garantizar el origen lícito de los fondos y prevenir prácticas ilegales.
Ámbito de aplicación y nueva facultad para la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
El proyecto de ley aplica a los abogados que defienden a personas acusadas de delitos contemplados en la Ley 20.000 (sobre drogas), delitos funcionarios del Código Penal, asociaciones delictivas y crímenes terroristas. Además, la iniciativa otorga a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la facultad de recibir información sobre estos pagos, con el fin de fortalecer la capacidad de investigar y prevenir la comisión de delitos financieros.
- Uso de cheques, transferencias electrónicas u otros medios rastreables para recibir honorarios.
- Obligación de acreditar el pago recibido ante el tribunal al concluir, renunciar o abandonar una defensa.
- Nueva facultad de la UAF para recibir información sobre los pagos a abogados defensores de estos casos.
Estas disposiciones legales son un avance significativo para cerrar espacios a la corrupción y a la comisión de delitos financieros en el ámbito de la defensa legal en casos de gravedad. Además, se busca evitar que los imputados utilicen fondos de origen ilegal para financiar sus defensas legales.
Sanciones por incumplimiento y exclusión de la Defensoría Penal Pública
La ley contempla sanciones para los abogados que no cumplan con la obligación de recibir sus honorarios mediante métodos rastreables. Estas sanciones podrían incluir suspensiones de hasta un año en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, cabe destacar que la Defensoría Penal Pública queda excluida de esta obligación.
El diputado Jaime Araya, uno de los impulsores de este proyecto de ley, destacó la importancia de garantizar que los pagos en el ámbito de la justicia sean transparentes y estén libres de prácticas ilegales. Según el diputado Araya, esta medida contribuye a evitar el lavado de activos y a dificultar la financiación de la defensa legal con fondos provenientes de actividades delictivas.
Reacciones y opiniones divergentes
Durante el debate parlamentario, los legisladores de distintos sectores coincidieron en la importancia de cerrar espacios a la corrupción y al crimen organizado. Sin embargo, también hubo opiniones divergentes respecto a la efectividad de esta medida.
Algunos críticos argumentaron que la obligación de utilizar métodos rastreables para recibir honorarios no tendrá un impacto real, ya que los imputados podrían encontrar otras formas de pagar a sus abogados y eludir esta obligación. Además, se lamentó que no se haya contemplado levantar el secreto bancario para facilitar el seguimiento de fondos ilícitos. Estas opiniones señalan la necesidad de seguir fortaleciendo la legislación en esta materia.
