Como estableció la auditoría y examen de cuenta realizado, Sence «otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con alguno de sus requisitos”. Además, constataron irregularidades en contratación de la empresa que los apoyaba en la revisión de casos, retrasos en pagos y en respuestas, y que hubo una evidente falta de fiscalización.
“Sence otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con alguno de sus requisitos”.
Esa es la primera conclusión del informe final de una auditoría y un examen de cuentas efectuado al proceso de otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entre agosto de 2021 y el 28 de febrero de 2022, por parte de la I Contraloría General Metropolitana de Santiago. Y es que en medio del análisis, la entidad acreditó que hubo entrega del beneficio a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado; beneficiarios que no cumplían con el requisito de cesantía; o que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios, lo que imposibilitaba, en teoría, que pudiesen acceder al mismo.
Por lo mismo, ordenó que se restituyan de forma íntegra los fondos mal gestionados y que asciende, de acuerdo con el organismo encabezado por Jorge Bermúdez, a $ 3.574.640.527. Conforme al detalle, $ 435.905.117 se entregaron a personas contratadas por un empleador estatal, $ 579.351.832 a quienes no estaban cesantes y $ 2.559.383.578 a beneficiarios que prestaban servicio al Estado como honorarios. Todo, según lo dispuesto, deberá reponerse en un plazo de 60 días desde que se reciba el citado informe.
Junto con esto, Contraloría estimó que Sence deberá realizar una revisión acabada de los montos entregados a empleadores estatales, solicitándole que exijan el reintegro del beneficio a quienes incumplían con los requisitos, desde el 1 de agosto de 2021 hasta la fecha.
Igualmente, considerando que durante el citado periodo se contrataron los servicios vía trato directo de la empresa Manpower, para “proveer servicios de apoyo para la gestión de información y atención de los beneficiarios”, los auditores evidenciaron una serie de falencias. Así, enumeraron: la contratación no se ajustó a derecho, que faltó acreditar la experiencia laboral de los funcionarios de la misma, que hubo pagos por servicios no contratados, incumplimientos en la elaboración y notificación de programaciones de resoluciones, falta de documentación para pagos, aprobación de informes mensuales no realizada, y emisión de informes mensuales incompletos.
Por lo mismo, se ordenó la realización de un sumario administrativo que permita dilucidar posibles responsabilidades de funcionarios de Sence. Y como no se cursaron las multas respectivas a la empresa por la falta de los informes mensuales, también se determinó formular reparos por 832 UTM al servicio, lo que equivale a $ 52.477.568.
En medio del análisis, además, Contraloría llegó a la conclusión de que Sence, también, incurrió en retrasos en los pagos del IFE Laboral, ya que en ciertos casos este se pagó con posterioridad a las fechas informadas en las calendarizaciones entregadas por la misma entidad. Asimismo, hubo demoras en las respuestas a postulantes, lo que también se considera una falta.
De hecho, se acreditó que al cierre del proceso auditado, hubo al menos 258 solicitudes sin respuesta.
Por todo lo anterior, la entidad fiscalizadora fue tajante en que hubo una “la falta de fiscalización por parte de la entidad auditada a las personas beneficiarias del IFE Laboral”, y en que deberán hacer lo necesario para impedir que situaciones similares se repliquen en el tiempo.
“Corresponde que la entidad, en lo sucesivo, adopte actividades de control que aseguren que se incluyan las distintas líneas de acción del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo en su plan de fiscalización”, se sostiene. Y agregan que Sence deberá implementar “gestiones concretas con las instituciones involucradas en la entrega de información, con el tiempo necesario para realizar las validaciones pertinentes para la concesión del beneficio; y de esta forma, prevenir pagos retrasados”.
Fuente: La Tercera
