La reciente destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por parte del Tribunal Constitucional (TC) ha generado un fuerte impacto político e institucional. Aunque la decisión aún no ha sido publicada oficialmente, su filtración ya provocó que se revisen otros posibles casos similares que podrían derivar en nuevas destituciones.
El fundamento de estas sanciones está en el artículo 60 de la Constitución, que establece que un diputado o senador cesará en el cargo si celebra o cauciona contratos con el Estado durante su mandato. En el caso de Allende, si bien la compra de la casa de su padre con fines museográficos no se concretó, sí se firmó un documento de compromiso, lo cual está prohibido por la normativa vigente.
Parlamentarios señalados por contratos con el Estado
Un reportaje de The Clinic identificó a cinco parlamentarios que podrían verse involucrados en situaciones similares, lo que los pondría en riesgo de ser llevados ante el Tribunal Constitucional.
Juan Castro Prieto (PSC)
El senador mantiene vínculos familiares con la Constructora Indemma, empresa que ha recibido más de $3.000 millones desde organismos públicos, de acuerdo con datos del Mercado Público.
Jaime Mulet (FRVS)
El diputado y precandidato presidencial formó parte de Rodríguez y Compañía Limitada, propietaria de una radio en Vallenar que recibió pagos desde municipalidades y servicios públicos. Aunque Mulet se desligó de la firma un mes después de asumir su escaño, su esposa, Flavia Torrealba, actual presidenta del FRVS, quedó como contralora.
Fidel Espinoza (PS)
El senador figuraba hasta 2018 como socio en Difusora Fresia Limitada, empresa que recibió $14 millones de diversos municipios en la región de Los Lagos. Espinoza declaró que nunca percibió dinero alguno y atribuyó su permanencia formal en la sociedad a un error del Registro de Comercio.
Ximena Ossandón (RN)
La diputada participa en una sociedad accionista de Cumplo Chile Spa, la cual, desde que ella figura como socia, ha recibido más de $28 mil millones de Corfo y la Tesorería General de la República.
Luciano Cruz-Coke (Evópoli)
El senador arrendó una propiedad a la Junji por $4 millones mensuales hasta 2020, en un contrato que comenzó antes de asumir como parlamentario.
Posibles acciones del Tribunal Constitucional
Actualmente, el Tribunal Constitucional evalúa dos caminos: abrir nuevos requerimientos contra parlamentarios que hayan infringido el artículo 60 o revisar el fallo que destituyó a Allende, cuya resolución aún no ha sido formalmente publicada.
En cualquier caso, lo ocurrido ha abierto un precedente que podría extenderse más allá del caso de Allende, afectando a diversos legisladores sin distinción de color político.
