Funcionarios del Hospital El Pino, ubicado en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, iniciaron un paro indefinido debido a la ola de delitos que se han registrado en el último tiempo en el sector. Apenas en la mañana del pasado miércoles trabajadores fueron víctimas del robo de artículos desde el interior de sus vehículos, a las afueras del centro de salud, lo que quedó registrado en un video.
Los funcionarios demandan mayor seguridad
Los trabajadores del Hospital El Pino exigen que el sector sea calificado como una «zona roja» y solicitan la creación de un perímetro de seguridad. Además, piden que las autoridades implementen un punto fijo de las policías en la entrada del recinto. También proponen la formación de una mesa que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las autoridades.
«Es una zona crítica en tema de delincuencia, lo hemos tratado con las policías locales, en todas estas mesas que se ha trabajado en este último tiempo, y hemos sido víctimas frecuentemente», expresó el director del hospital, Edgardo Villavicencio.
Preocupación por la pérdida de respeto y vulneración de derechos
El director del Hospital El Pino señaló que la situación actual implica una pérdida de respeto hacia los funcionarios públicos de salud, algo que antes no ocurría. Además, denuncia que los delincuentes están ingresando al establecimiento, lo que vulnera los derechos de los trabajadores y de las personas que acuden al hospital. Esta situación genera inseguridad e intranquilidad.
Respuesta del Gobierno ante la ola de delitos
Ante este complejo escenario, la directiva del Hospital El Pino se reunió con el delegado Presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y representantes del Colegio Médico. En la reunión, el Gobierno se comprometió a realizar un patrullaje policial en las inmediaciones durante 15 días. Además, se acordó que la situación será monitoreada de manera regular y que Durán estará presente para escuchar las inquietudes de los funcionarios. Se estudiará la posibilidad de tener vigilantes dentro de los centros de salud de mayor riesgo y se analizarán las disposiciones jurídicas necesarias para garantizar la seguridad.
