La pensión de alimentos en Chile es un derecho esencial que garantiza el sustento de los hijos y otros familiares en situación de necesidad. En 2025, se mantienen las normativas que establecen los montos mínimos y máximos, los procedimientos de cobro y las sanciones para quienes no cumplan con su obligación.
¿Quiénes tienen derecho a recibir una pensión de alimentos?
El derecho de alimentos no se limita únicamente a los hijos menores de edad. En Chile, también pueden acceder a este beneficio otros familiares en situaciones específicas. Los hijos e hijas tienen derecho a recibir la pensión hasta los 21 años, aunque este plazo se extiende hasta los 28 años si están cursando estudios superiores. En el caso de personas con discapacidad que no pueden mantenerse por sí mismas, la pensión puede extenderse de manera indefinida.
Por otro lado, los padres y abuelos pueden solicitar alimentos a sus hijos o nietos si se encuentran en situación de necesidad económica. De la misma manera, los cónyuges o ex cónyuges pueden exigir una pensión en determinados casos tras una separación o divorcio. Incluso, los hermanos tienen derecho a solicitar este beneficio hasta los 21 años o hasta los 28 si están estudiando una carrera.
Montos establecidos para la pensión de alimentos en 2025
El cálculo del monto de la pensión de alimentos depende de la capacidad económica del alimentante y de las necesidades del beneficiario. Sin embargo, existen montos mínimos y máximos establecidos por la ley para garantizar que el pago sea justo y equilibrado.
En 2025, el mínimo fijado por la normativa establece que un solo hijo debe recibir al menos $200.000 mensuales, lo que equivale al 40% del salario mínimo vigente. Si existen dos o más hijos, la pensión mínima para cada uno de ellos será de $150.000, lo que representa el 30% del salario mínimo.
Por otro lado, la legislación también impone un tope máximo para evitar que la pensión se transforme en una carga excesiva para el alimentante. En este sentido, el monto total a pagar por concepto de pensión de alimentos no puede superar el 50% de los ingresos totales del progenitor. Sin embargo, el tribunal siempre analizará cada caso en particular para garantizar que el bienestar del niño, niña o adolescente esté protegido.
Consecuencias del no pago de la pensión de alimentos
El incumplimiento del pago de la pensión de alimentos puede acarrear graves consecuencias legales para el alimentante. Para garantizar que se cumpla con esta obligación, la ley contempla una serie de medidas coercitivas que pueden ser aplicadas por el tribunal de familia.
Entre las sanciones más comunes se encuentra la suspensión de la licencia de conducir, una medida que busca presionar al deudor a ponerse al día con su deuda. Además, el Servicio de Impuestos Internos puede retener la devolución de impuestos del alimentante y destinar esos fondos al pago de la pensión adeudada. En casos más extremos, el tribunal puede ordenar el embargo de bienes y cuentas bancarias, e incluso prohibir la salida del país hasta que la deuda sea saldada.
Otra sanción importante es la posibilidad de inscribir al deudor en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, un sistema que impide a los morosos acceder a créditos bancarios, vender propiedades sin antes pagar su deuda o postular a cargos públicos. Si el incumplimiento persiste, el tribunal puede aplicar sanciones más severas, como el arresto nocturno o completo de hasta 30 días, medida que puede ser renovada si el deudor sigue sin cumplir su obligación.
¿Qué ocurre si el padre no tiene trabajo?
La falta de empleo no exime al padre de su responsabilidad de pagar la pensión de alimentos. En estos casos, el tribunal puede determinar otras formas de cumplimiento, como el embargo de bienes personales o la retención de ingresos provenientes de arriendos o inversiones. En situaciones más complejas, la ley permite que se demande a los abuelos para que sean ellos quienes asuman la pensión de alimentos en caso de que el padre realmente no pueda pagar.
Cuando el alimentante se encuentra desempleado, es posible solicitar una rebaja temporal del monto de la pensión. No obstante, el tribunal evaluará si la persona realmente no tiene recursos o si está ocultando ingresos para evadir su responsabilidad. En casos extremos, el juez puede ordenar el uso de fondos previsionales para cubrir la deuda.
¿Cómo se solicita la pensión de alimentos en 2025?
Para establecer el pago de una pensión de alimentos, existen tres vías principales. En primer lugar, los padres pueden llegar a un acuerdo mutuo, estableciendo un monto y una forma de pago que se presente ante el tribunal para su aprobación. Si no hay consenso, se debe acudir a una mediación obligatoria, donde un tercero imparcial intentará facilitar un acuerdo entre las partes. Si la mediación no tiene éxito, la única opción es presentar una demanda ante el Juzgado de Familia, donde un juez analizará la situación económica de ambos progenitores y determinará el monto de la pensión.
Una vez que la pensión de alimentos es decretada por el tribunal, su cumplimiento es obligatorio y, en caso de incumplimiento, se pueden aplicar todas las sanciones mencionadas.
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos
Desde su implementación en 2023, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos se ha convertido en una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de esta obligación. A este registro ingresan automáticamente todas aquellas personas que adeuden tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos, lo que les impide acceder a beneficios como créditos bancarios, renovación de pasaporte o compraventa de bienes inmuebles sin antes pagar la deuda.
Este sistema ha demostrado ser efectivo para presionar a los deudores a regularizar su situación, ya que las restricciones impuestas pueden generar un impacto significativo en su vida cotidiana y financiera.
La pensión de alimentos en Chile en 2025 sigue siendo un pilar fundamental para la protección de los derechos de los niños y otros familiares en situación de vulnerabilidad. La normativa vigente establece montos mínimos y máximos, mecanismos para garantizar el pago y sanciones severas para quienes incumplen con su obligación. Con medidas como la retención de ingresos, embargos, prohibiciones de salida del país y el Registro Nacional de Deudores, la ley busca asegurar que los beneficiarios reciban la ayuda económica que necesitan para su bienestar y desarrollo.
