A horas de la votación en la Cámara de Diputados sobre irregularidades en pensiones de gracia, la Contraloría expone revelaciones cruciales.
En un informe entregado a la comisión investigadora, la Contraloría General de la República desentraña problemas fundamentales en la concesión de pensiones de gracia durante el estallido social.
Antecedentes penales de beneficiarios
La Contraloría constató que 58 de 419 beneficiarios poseen antecedentes penales, abarcando delitos que van desde estafa hasta homicidio. Algunos incluso acumulan más de 10 condenas por diversos delitos, incluyendo tráfico de estupefacientes y producción de material pornográfico infantil.
Este hallazgo impactante arroja dudas sobre los criterios de selección y la evaluación de riesgos en la entrega de pensiones de gracia.
Evaluaciones médicas cuestionadas
Otro aspecto destacado es la falta de antecedentes médicos en 19 expedientes, remitidos por el INDH para evaluación. En algunos casos, los certificados médicos eran ilegibles o carecían de diagnóstico claro.
La Contraloría señala que estas deficiencias comprometen la validez de las evaluaciones respecto al grado de lesiones y menoscabo laboral, poniendo en duda la integridad del proceso de otorgamiento de pensiones de gracia.
Ausencia de instrucciones formales
La Contraloría también expuso la falta de instrucciones formales para incrementar pensiones concedidas originalmente. No se encontraron evidencias de una revisión formal que respaldara el aumento en casos previamente categorizados.
Esta falta de protocolo podría haber contribuido a aumentos injustificados, generando interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Casos objetados
En relación a 10 casos objetados, la Contraloría insta a verificar la existencia de antecedentes complementarios que respalden las acreditaciones. La entidad debe remitir estos datos al Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior en un plazo de 60 días hábiles.
