El ingreso del proyecto de aborto libre por parte del Ejecutivo, comprometido durante la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, se ha retrasado, lo que ha desatado un encendido debate político y social en el país. La iniciativa, que busca ampliar los derechos reproductivos de las mujeres, sigue siendo una prioridad para el Gobierno, aunque con plazos ajustados debido a modificaciones en reglamentos existentes.
Contexto del proyecto de aborto libre
En junio de este año, Boric anunció el ingreso del proyecto al Congreso, calificándolo como un «compromiso» con las mujeres de Chile. Sin embargo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, confirmó esta semana que el retraso se debe a la necesidad de modificar el reglamento de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, actualmente en revisión por Contraloría.
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En declaraciones a Tolerancia Cero, Orellana explicó que el retraso responde a cuestiones técnicas: «Hemos recibido comentarios de forma que requieren ajustes en el reglamento, los cuales estamos implementando para reingresarlo y avanzar lo antes posible».
Opiniones divergentes en el oficialismo y la oposición
El retraso ha generado inquietud en sectores del oficialismo. La diputada Lorena Fríes (FA) señaló: «Es importante avanzar en esta discusión, independientemente de si se alcanza a votar durante el gobierno del Presidente Boric».
Por otro lado, figuras como el cardenal Fernando Chomali celebraron la postergación. En una entrevista con 24 Horas, Chomali calificó la decisión como «un regalo para muchos chilenos». Estas declaraciones provocaron una respuesta tajante de la ministra Orellana, quien recordó que «las decisiones de Estado no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia».
Reacciones desde diversos sectores políticos
El tema ha polarizado aún más a la clase política. Mientras que la diputada Paulina Núñez (RN) calificó el proyecto como «un saludo a la galería», la diputada Ana María Gazmuri (AH) subrayó que «la oposición clerical refleja fundamentalismo y desconocimiento sobre derechos humanos».
Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic recordó que «Chile es un Estado laico. El cardenal puede opinar, pero no tiene poder para vetar debates en el Congreso». En contraste, sectores de la Democracia Cristiana instaron al Gobierno a «dejar de lado la ironía» y priorizar temas urgentes para la ciudadanía.
Debate jurídico y futuro del proyecto
El abogado Roberto Celedón, vinculado al Frente Amplio, argumentó que el proyecto podría ser inconstitucional, lo que generó respuestas de otros miembros del bloque oficialista. La diputada Lorena Fríes refutó esta interpretación, destacando que «el derecho internacional respalda la ampliación de los derechos reproductivos».
A pesar de las diferencias, tanto oficialismo como oposición reconocen la necesidad de un debate informado, que incluya perspectivas de salud pública, derechos humanos e igualdad de género.
