En un caso judicial que ha captado la atención pública, el 14° Juzgado de Garantía de Santiago ha decretado medidas cautelares de prisión preventiva para cuatro de los seis detenidos relacionados con los millonarios contratos de clases de zumba y spinning en la gestión del exintendente Felipe Guevara.
Formalización de Imputados en Santiago
La jueza Karen Atala decidió acoger la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva para cuatro de los acusados: Jorge Arcos, Manuel Zapata, Jaime Bravo y Jorge Castillo. Estos fueron formalizados en base a una investigación liderada por los fiscales de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina y Miguel Orellana. Los acusados enfrentan cauciones de hasta $80 millones y un arraigo nacional si dichas fianzas son pagadas. Por otro lado, Cecilia Yáñez y Jorge Toro, los otros dos implicados en el caso, recibieron restricciones menores.
La Investigación y Delitos Asociados
El fiscal Miguel Ángel Orellana explicó que la formalización de los seis imputados se basa en delitos de obtención fraudulenta de subsidios dentro de una asociación ilícita. Adicionalmente, los acusados enfrentan cargos por lavado de activos relacionados con estos ilícitos financieros. El Ministerio Público considera a todos como autores de los delitos, subrayando la participación estructurada de cada uno en el esquema.
Impacto Fiscal y Estructuras Utilizadas
Las medidas cautelares respondieron principalmente al riesgo de fuga que representan los imputados, según la resolución judicial. El perjuicio fiscal está estimado en alrededor de $750 millones, por lo que se establecieron fuertes cauciones económicas. Según el fiscal Orellana, las operaciones se realizaron a través de varias entidades jurídicas, incluidas ONG y empresas preexistentes, utilizadas para participar y beneficiarse de los procesos de licitación.
Posibles Vínculos con el Exintendente Guevara
Las investigaciones también están ahondando en posibles conexiones con el exintendente Felipe Guevara, quien estaba al mando durante la adjudicación de estos contratos. El fiscal Orellana señaló que están explorando estas vinculaciones, sugiriendo que podría haber implicaciones más profundas en la estructura delictiva con la exintendencia Metropolitana.
Defensa de los Imputados
La defensora penal pública, Dayanna Miranda, argumentó que todos los proyectos adjudicados fueron ejecutados conforme a lo planeado y que se pagó a todos los empleados involucrados. La defensa insiste en que no existió, según ella, ninguna intención de aumentar el precio de mercado. Miranda afirmó que los costos asumidos en los proyectos eran los correctos según los valores de mercado establecidos.
