El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras ser formalizado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el caso Farmacias Populares.
¿Por qué se decretó prisión preventiva a Daniel Jadue?
La jueza Paulina Moya acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), asegurando que la libertad del alcalde resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad.
Asimismo, “no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría, incluso, configurar un peligro de reiteración“, agregó la magistrada.
Por el contrario, explicó que “las medidas cautelares de menor intensidad son insuficientes para asegurar las finalidades el procedimiento, la seguridad de la sociedad y de la víctima, municipalidad de Recolecta”.
Cabe destacar que, a petición de la defensa, el jefe comunal podrá cumplir la medida cautelar en el centro penitenciario Capitán Yáber.
En la publicación, además, anunció que “apelaremos a esta medida desproporcionada”.
Medidas cautelares de otros imputados
José Muñoz Becerra, quien fuera encargado de ventas de Achifarp entre julio y noviembre del 2020 y luego secretario ejecutivo de la asociación desde noviembre a junio del 2022, también quedó en prisión preventiva.
En tanto, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno.
¿Qué dijo fiscalía tras la audiencia de formalización?
“Lo que acaba de suceder es que el tribunal ha dado por íntegramente acreditado los presupuestos materiales y la necesidad de cautela respecto de todos los delitos formalizados y todos los imputados que debatieron este aspecto”, señaló el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendariz.
“Nosotros consideramos que hemos llevado adelante una persecución seria, responsable y basada en antecedentes, y esperamos que esto se mantenga en todas las secuelas del procedimiento”, agregó.
Sobre la supuesta persecución política que Jadue acusó en su contra, el persecutor contestó que “la señora magistrado dejó expresa constancia al iniciar su resolución que elementos de esa naturaleza no son tomados en cuenta porque en Chile existe igualdad ante la ley”.
En la instancia, Armendáriz informó que el plazo de investigación será de 120 días y, respecto a la apelación, indicó que “la defensa tiene el derecho de recurrir contra esta resolución y tiene cinco días para ello”.
