Usuarios de redes sociales han expresado su descontento con el servicio de la empresa Easy Parking en Providencia. Según los reclamos, no es posible pagar el estacionamiento debido a la ausencia de personal y la falta de atención telefónica y en línea.
Problemas desde el principio
La alcaldesa Evelyn Matthei comenta que los problemas se hicieron evidentes rápidamente, ya que la empresa no realizó los pagos correspondientes al municipio por el uso de los estacionamientos de la comuna. El Banco BCI protestó el cheque depositado por Easy Parking, lo que generó preocupación en el Palacio Falabella.
Terminación anticipada del contrato
El municipio decidió poner término anticipado al contrato y solicitó el cobro de la boleta de garantía presentada por Easy Parking. Sin embargo, el Banco Scotiabank respondió que la boleta de garantía era falsa. Ante esta situación, la alcaldesa presentó una querella por falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado falso.
Boletas falsas y sociedades ficticias
Se descubrió que Easy Parking presentó una boleta de garantía falsa por un valor de 3.500 UF. Además, se constató que la empresa no tenía otros contratos con el Estado, no contaba con página web ni un logo público. Todo indica que Easy Parking era solo una fachada de un holding encabezado por el empresario Mauricio Navas.
El empresario detrás de la licitación
En una de las charlas informativas, se identificó a cinco asistentes, representantes de cinco empresas diferentes, entre ellas Easy Parking y Chroma Sales SpA, donde Navas figura como administrador y representante legal. Navas también estuvo presente en nombre de Geo Parking SpA. El empresario ha estado involucrado en casos de deudas millonarias y boletas de garantía falsas en otros municipios del país.
Problemas en las licitaciones
La alcaldesa Matthei critica el funcionamiento de Mercado Público para los procesos de licitación, argumentando que no cumple con los estándares necesarios para prevenir conflictos de interés y casos de corrupción. Propone que exista una fiscalización y acceso a bases de datos sistematizadas para mejorar los controles de transparencia en las licitaciones públicas.
