En la tarde de este lunes, un grupo de mujeres se reunió en el frontis de la Unión Demócrata Independiente (UDI), para protestar luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocara la prisión preventiva de Eduardo Macaya, padre del senador y presidente del partido, Javier Macaya. Cabe recordar que Eduardo Macaya fue sentenciado el pasado viernes 19 de julio a seis años de presidio por dos delitos consumados de abuso sexual contra menores de edad.
¿Qué se sabe de la protesta en el frontis de la UDI?
La protesta estuvo convocada a las 19:00 horas, principalmente, por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Las manifestantes exigen la renuncia del legislador, además de terminar con la impunidad en los casos de abuso sexual.
Hasta la sede de la UDI llegaron con pancartas las mujeres, quienes gritaban “renuncia Macaya“.
“Nos sentimos abandonadas por el Estado y el sistema judicial”
Una de las manifestantes expuso que “estamos acá porque nos sentimos completamente abandonadas por el Estado y por el sistema judicial”. “Hoy Macaya Eduardo va a dormir tranquilamente en su casa, mientras niñas han sido abusadas sexualmente. Es una cuestión enormemente grosera y violenta”, señaló. “Al mismo tiempo, es el presidente de la UDI, senador, que ha naturalizado el abuso sexual, el secreto y el pacto patriarcal para defender abusadores”, agregó.
Los detalles de la condena a Eduardo Macaya
Eduardo Macaya asistió el pasado 19 de julio vía telemática a su audiencia, en la cual el TOP de San Fernando estableció que el condenado cometió dos ilícitos en contra de una víctima cuando esta tenía ocho o nueve años (en una fecha indeterminada), y otros dos delitos en contra de una segunda víctima que habrían sido cometidos entre los meses de abril y mayo de 2023. Macaya fue condenado a una pena única de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, además de penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. También se contempla la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.
