A propósito de la ostentación en redes sociales por parte de abogados que defienden a personas presuntamente ligadas al narcotráfico, el diputado Jaime Araya encabeza un proyecto de ley para regular los pagos a los «narcoabogados».
¿Por qué no en efectivo?
La propuesta parlamentaria supone que el dinero en ese formato proviene desde negocios ilícitos, como la venta de drogas, por ejemplo.
La postura de Helhue Sukni ante el proyecto
La penalista Helhue Sukni es conocida en el mundo mediático como la “abogada de los narcos“, precisamente por prestar servicios a imputados ligados con el tráfico de drogas.
Por lo mismo, fiel a su estilo, entregó su percepción por configurar un tipo de profesional al que apunta el proyecto de ley. «Abogados babosos (refiriéndose a los que ostentan sus millonarios pagos en redes). No sé cuál es el ánimo de demostrar, demostrarle a la gente que tienen plata, que ganan plata (…) No sé de dónde viene (el dinero con el que le pagan sus honorarios) y no me importa de dónde venga”, expresó.
La figura pública agregó que “yo no voy a estar preguntándole al cliente el dónde sacó la plata para pagarme. A mí me interesa hacer bien mi trabajo, no robarle a nadie, porque Dios está mirando“.
La opinión de uno que suele ostentar
Por otro lado, está la opinión del abogado penalista Juan Carlos Gómez, popular en Instagram por mostrar sus lujos tras defender en tribunales a imputados por narcotráfico.
“Utilizo las redes sociales como un canal informativo. Se puede presumir que estos fondos son adquiridos de manera ilícita (…) No tengo por qué cuestionar de dónde vienen los ingresos, no es una función o un mandato legal que yo tengo. Mi función es representarlo y realizar el trabajo lo mejor posible”, declaró a Meganoticias.
A sabiendas de la dificultad burocrática que conlleva —solo por mencionar una, los bancos tendrían que modificar el monto mínimo que se transfiere por primera vez a un contacto—, la iniciativa sugiere que los abogados que incumplan lo establecido queden suspendidos de sus funciones por un plazo de seis meses.
