La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe el consumo de drogas al Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios y candidatos a alcaldes y concejales.
El proyecto de ley busca prohibir el consumo de drogas en autoridades públicas
La Cámara de Diputados aprobó en su mayoría el proyecto de ley que busca prohibir el consumo de drogas en importantes figuras del gobierno de Chile. Esto incluye al Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios y candidatos a alcaldes y concejales. La iniciativa tiene el objetivo de promover la transparencia y la eficiencia en el ámbito gubernamental.
- Se requerirá que las autoridades mencionadas presenten una declaración jurada y exámenes médicos para demostrar que no consumen drogas.
- Además, deberán someterse a un test para verificar su estado de consumo.
- Quienes tengan dependencia de sustancias ilegales no podrán postular a cargos políticos importantes.
- La única excepción será para aquellos que consumen drogas por razones médicas justificadas.
Este proyecto de ley tiene como objetivo asegurar la integridad y la eficiencia en el desempeño de los cargos públicos, considerando la responsabilidad de las autoridades en sus funciones. La iniciativa ahora será analizada en detalle por la Comisión de Gobierno Interior antes de continuar con su proceso legislativo en el Congreso.
El proceso de evaluación y la importancia del test de drogas
El proyecto de ley también establece el proceso y los requisitos para llevar a cabo el test de drogas. Según la propuesta, el test se realizará al menos una vez al año durante el ejercicio del cargo. Esto se hará mediante una muestra de cabello que será analizada en un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud.
Es importante destacar que el recinto donde se realice el test de drogas deberá cumplir con los estándares internacionales correspondientes. Esto garantiza la confiabilidad y la precisión de los resultados. Con esta medida, se busca asegurar que las autoridades cumplan con los requisitos de integridad y transparencia exigidos para cumplir su función y representar al país de manera adecuada.
