Durante la noche de este miércoles se dio a conocer que la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, fue imputada por el delito de prevaricación culposa, tras su vinculación con la liberación del sicario venezolano Carlos Alberto Mejía Hernández, involucrado en el caso del “Rey de Meiggs”.
La prevaricación ocurre cuando una autoridad dicta resoluciones injustas o contrarias a la ley, generalmente a sabiendas de que se está actuando de forma ilegal. En Chile, según el Ministerio Público, existen tres tipos principales de prevaricación: judicial, administrativa y del abogado.
En este caso, se trata de una prevaricación judicial, es decir, aquella que comete un juez al faltar a sus deberes. A diferencia de la modalidad dolosa —donde hay plena intención de actuar contra la ley—, la prevaricación culposa implica negligencia grave o ignorancia inexcusable.
La jueza Rodríguez habría tenido un rol clave en la liberación de Carlos Alberto Mejía Hernández, uno de los homicidas de José Reyes Ossa, apodado el “Rey de Meiggs”. El imputado logró huir del país y actualmente se encuentra prófugo.
En caso de ser hallada culpable, el artículo 224 del Código Penal contempla penas como la inhabilitación temporal total para ejercer cargos públicos y una pena de presidio o reclusión que puede ir desde el grado mínimo al medio. Este tipo de delitos se considera una falta grave a la ética y al deber de quienes ejercen cargos de autoridad.
