Este 26 de febrero, se ha declarado admisible la querella criminal presentada bajo la ley antiterrorista por los diputados Miguel Ángel Becker y Jorge Rathgeb. Esta acción legal surge a raíz del ataque con perdigones que sufrió un helicóptero mientras combatía un incendio en la comuna de Collipulli, ubicada en la región de La Araucanía.
El incidente ocurrió cuando la aeronave, perteneciente a la empresa Aero Max, estaba realizando lanzamientos de agua para controlar un siniestro que afectaba la zona. Este ataque ha generado una fuerte reacción política y social, evidenciando la preocupación por la seguridad en operaciones de emergencia.
Detalles de la Querella
La querella es representada por el abogado Ronald Von der Weth, quien argumenta que, de acuerdo con el artículo 111 del Código Procesal Penal y el artículo 16 de la ley 21.732, se establecen conductas terroristas y sus respectivas penalidades. En el documento, se detalla que el ataque ocurrió el 14 de febrero de 2025, cuando un grupo de individuos no identificados, armados y sin autorización, se posicionó en el kilómetro 14 de la ruta R-35, en el sector de Curaco, con la intención de emboscar al helicóptero.
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Los parlamentarios Becker y Rathgeb enfatizan que este tipo de agresiones no solo pone en riesgo a los trabajadores de emergencias, sino que también atenta contra la seguridad pública. En su declaración, mencionan que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se pronunció sobre el ataque, comparándolo con agresiones a ambulancias o carros de bomberos, lo que subraya la gravedad del hecho.
Implicaciones de la Ley Antiterrorista
El abogado Von der Weth destacó que la ley actual proporciona las herramientas necesarias para perseguir el terrorismo sin depender del Gobierno de turno. A pesar de que el subsecretario del Interior, Manuel Cordero, se mostró reacio a aplicar la ley, la querella avanza con el respaldo de los parlamentarios y la comunidad.
Este caso pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad en la región de La Araucanía, donde los incidentes de violencia han aumentado en los últimos años. La aplicación de la ley antiterrorista en este contexto podría sentar un precedente importante en la lucha contra la violencia en el sur de Chile.
