Al menos 14 sociedades fantasma vinculadas al Tren de Aragua lavaron más de US$13,5 millones en Chile sin que se activaran alertas del sistema financiero, pese a miles de operaciones sospechosas, según reveló una investigación de Ciper.

Entre 2020 y 2024, se crearon 14 sociedades que sirvieron como vehículo para el lavado de activos por parte del Tren de Aragua en territorio chileno. Estas entidades movieron sumas millonarias a través de múltiples transacciones bancarias, algunas incluso realizadas desde el extranjero. Sin embargo, ninguna institución financiera emitió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), impidiendo que se activaran mecanismos de alerta anticipada.
Falencias en el sistema: sin ROS ni intervención temprana
Según lo informado por Ciper, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solo reaccionó cuando la investigación judicial ya estaba en curso. Uno de los elementos que más llama la atención es la presencia de un contador chileno que figura como árbitro en tres sociedades vinculadas; su pareja, una contadora venezolana, aparece como socia en una cuarta. Este profesional, además, está vinculado a 45 empresas cuyos socios son mayoritariamente venezolanos.
El reporte también indica que algunas de estas sociedades fueron inscritas con apenas un minuto de diferencia mediante la plataforma “Tu Empresa en un Día”, y varias compartían el mismo domicilio legal. En paralelo, se identificaron cientos de transacciones con tarjetas bancarias chilenas realizadas desde una ciudad colombiana ubicada en la frontera con Venezuela.
Los montos, aunque pequeños, eran transformados en criptomonedas y posteriormente las cuentas eran cerradas de forma rápida. Ninguna de estas maniobras fue considerada irregular por los bancos, lo que impidió alertas hacia la UAF.
Red financiera quedó al descubierto tras megaoperativo
Una operación llevada a cabo el 24 de junio por fiscalías de Tarapacá, Valparaíso, Los Lagos y la Unidad ECOH permitió desmantelar parte de esta red criminal. Durante la investigación se identificaron más de 800 cuentas bancarias utilizadas por la organización. Aun así, no se generaron ROS que permitieran abrir nuevas líneas investigativas.
El congelamiento de las cuentas fue coordinado el 23 de junio a petición del Ministerio Público, lo que evitó que los involucrados fueran alertados. Carlos Pavez Tolosa, director de la UAF, reconoció que apenas “entre el 2% y el 3% de los activos del crimen organizado logran ser recuperados”, según declaró a CNN y fue citado por Ciper.
Las fuentes consultadas por el medio explicaron que la trazabilidad del dinero debió activarse en tiempo real. Sin embargo, el rastreo comenzó tardíamente, cuando gran parte de los fondos ya había sido extraído del país.
Empresas pantalla y ausencia de controles clave
Las 14 sociedades detectadas operaban bajo distintos giros, como transporte de carga, servicios de alimentación, casas de cambio y plataformas de apuestas en línea. Uno de los principales investigados por extorsión figura vinculado a tres de estas entidades. Además, una cuarta sociedad fue responsable de realizar los pagos de fianzas para acusados en casos de secuestro ligados al Tren de Aragua.
Una de las fallas más graves es que los contadores no están obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF, a diferencia de los notarios. Este vacío legal facilitó la participación del contador Cristián Zúñiga, dueño de Contab Chile, quien asesoró a al menos dos sociedades de criptomonedas bajo investigación por presunto lavado de activos, según información de La Tercera citada por Ciper.