Los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, valoraron el anuncio de la reformalización del abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva, en el marco del caso de corrupción que ha remecido al país.
Reformalización por soborno y formalización de empresarios
La audiencia de reformalización de Hermosilla, junto con la formalización de los empresarios Daniel Sauer y Álvaro Jalaff, está programada para el próximo lunes 13 de enero de 2025, a las 9:00 de la mañana, en el Centro de Justicia de Santiago. También serán reformalizados María Leonarda Villalobos, abogada, y Patricio Mejías, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos.
Daniel Manouchehri declaró que esta medida confirma la existencia de una red de corrupción, donde el poder económico recurre al soborno para obtener beneficios. “Esperamos que se sume a estas formalizaciones al otro integrante de este grupo, el señor Chadwick. Es indispensable que los responsables enfrenten la justicia y paguen con cárcel para devolverle credibilidad a las instituciones”, enfatizó el parlamentario.
La gravedad de las pruebas y la exigencia de justicia
Por su parte, Daniella Cicardini destacó que la solicitud de reformalización por el delito de soborno demuestra la solidez de las pruebas reunidas por la Fiscalía. “Nos parece un paso correcto que refleja la gravedad de los hechos que han salido a la luz”, aseguró.
Sin embargo, la diputada insistió en la necesidad de avanzar en la formalización de otros involucrados en la red de corrupción, específicamente en la del señor Chadwick, señalando que esto sería clave para que la ciudadanía recupere la confianza en la justicia. “Este debe ser el año de la verdadera justicia en el caso más grave de corrupción que ha enfrentado nuestro país”, puntualizó.
Contexto del caso y expectativas
El caso Hermosilla ha generado un intenso debate sobre la corrupción en Chile, destacando cómo el poder económico puede influir en la obtención de beneficios mediante prácticas ilegales. La audiencia del 13 de enero será un momento clave para avanzar en la búsqueda de responsabilidades penales y, como señalaron los querellantes, restaurar la credibilidad de las instituciones en un caso de alta connotación pública.
