Presidente Boric pide renuncia de Marcela Sandoval
El Gobierno confirmó este lunes la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, en medio de cuestionamientos por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, destinada a ser un museo. Este hecho generó controversia tras la revelación de posibles conflictos de interés y errores procedimentales.
Según un comunicado oficial, el presidente Gabriel Boric solicitó la dimisión de la ahora exsecretaria de Estado y expresó su agradecimiento por su labor. Sebastián Vergara, actual subsecretario de Bienes Nacionales, asumirá el cargo de manera subrogante.
La polémica por la casa de Guardia Vieja
La controversia surgió por la intención del Gobierno de adquirir la casa de Allende por un monto cercano a los $933 millones. La propiedad pertenece a la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, nieta del expresidente, y a su hermano Alejandro. La compra fue cuestionada por infringir la prohibición constitucional de que ministros celebren contratos con el Estado.
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El presidente Boric, durante una visita al Polo Sur, defendió la integridad de la familia Allende y aseguró que «nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio, ni enriquecerse a costa del Estado».
Reacciones desde el Gobierno
En un punto de prensa, la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry declaró que la decisión del Presidente responde a una evaluación política y técnica de los acontecimientos.
“Las acciones de Gobierno son permanentemente sometidas a un proceso de evaluación, que considera aspectos técnicos, procedimentales, pero también aspectos políticos. Esta última evaluación compete exclusivamente al Presidente de la República”, señaló Etcheverry.
Consecuencias políticas
La salida de Marcela Sandoval refleja las repercusiones políticas del manejo de este caso, considerado un error de gestión y supervisión. Diversos actores, tanto de la oposición como del oficialismo, han criticado la situación, calificándola como un episodio que afecta la imagen del Gobierno.
La polémica también ha abierto un debate sobre la prolijidad en los procedimientos estatales y la necesidad de evitar conflictos de interés en iniciativas de gran relevancia histórica y simbólica.
