La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto en representación de 171 reos adultos mayores condenados por crímenes de lesa humanidad, recluidos en el pabellón “Asistir” del penal Colina I, y le ordenó a Gendarmería adoptar una serie de medidas para garantizar su integridad.
Condiciones de reclusión afectan su integridad física y psicológica
En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada estableció que las condiciones de reclusión en que se encuentran los recurrentes, la mayoría septuagenarios y octogenarios, afectan su derecho a la integridad física y psicológica y vulnera la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
«Sufren de patologías de gravedad que le impiden autovalerse»
Los ministros calificaron a los representados como «personas hipervulnerables, toda vez que en ellas se presentan varias capas de vulnerabilidad, en cuanto se trata de adultos mayores privados de libertad que además sufren de patologías de gravedad que le impiden autovalerse».
La resolución también manifiesta que los internos convivían en precarias condiciones de hacinamiento y sanitarias, aunque desde Gendarmería argumentaron que son factores de «carácter general, que dicen relación con lo exiguo del presupuesto asignado para tales fines».
«Se les discrimina en relación a los demás adultos mayores»
«La circunstancia de tratarse las personas en cuyo favor se acciona, en su gran mayoría, de personas mayores que sufren de patologías graves que requieren cuidados permanentes –a quienes se les discrimina en relación a los demás adultos mayores que tienen derecho a una atención preferente del Estado en esta materia–, muchos de ellos no autovalentes», agrega la resolución del tribunal de alzada.
En esa línea, se estableció que existe «respecto de ellos una hipervulnerabilidad dada su condición de ancianos y de personas privadas de libertad que no ha sido tenida en vista para los efectos de adoptar medidas inmediatas».
Medidas que deberá tomar Gendarmería
De esta manera, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que en un plazo de treinta días los reclusos deben contar con un vehículo exclusivo para concurrir a los controles médicos, tener a disposición al menos dos profesionales de la salud y cambiar el protocolo de traslado en casos de urgencia.
