La polémica por la frustrada adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende sumó un nuevo antecedente que ha reavivado las críticas contra el Gobierno. Según reveló El Mercurio, los decretos que buscaban concretar la compra fueron visados por un egresado de Derecho sin título de abogado, generando mayor controversia en torno al proceso.
¿Quién revisó los decretos?
De acuerdo con la declaración que entregó ante la Fiscalía Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el encargado de revisar los polémicos decretos fue Lucas Vera, un joven de 26 años, licenciado en Derecho pero aún no titulado como abogado.
La revisión de los documentos, que debían pasar por un abogado de la Segpres, fue finalmente derivada a Vera debido a la carga laboral del equipo jurídico.
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Defensa del Gobierno y nuevas críticas
Frente a esta revelación, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, aseguró que no existen nuevos antecedentes que cambien las responsabilidades políticas ya asumidas por la fallida operación. Figueroa insistió en que el proceso «no constituyó un contrato de compraventa» y que las responsabilidades políticas fueron enfrentadas oportunamente.
Sin embargo, la noticia ha intensificado las críticas hacia el Ejecutivo. El exministro del Interior, Jorge Burgos, expresó que «no se explica» cómo ocurrió una situación de esta naturaleza, aludiendo a la falta de rigurosidad en el manejo de un tema tan delicado.
Reacciones políticas y acusación constitucional
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, llamó a esperar los resultados del sumario administrativo en curso, aunque el ambiente político sigue crispado.
En paralelo, la comisión revisora de la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, también se ha visto envuelta en polémica. El diputado Jorge Durán (RN) denunció trabas del oficialismo para realizar citaciones claves en la investigación.
Asimismo, la senadora Isabel Allende, hija del expresidente, se refirió a la renuncia de Fernández, reconociendo que «las cosas siempre se pueden hacer mejor», aunque defendiendo su gestión.
Investigación penal en curso
Cabe recordar que la fallida compra de la casa de Salvador Allende motivó la apertura de una investigación penal por presunto fraude al fisco, liderada por el fiscal Patricio Cooper. Además, se sumaron acciones ante el Tribunal Constitucional contra la exministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, por su presunta responsabilidad en la polémica operación.
El caso sigue en desarrollo y podría traer nuevas repercusiones para el Ejecutivo y figuras del oficialismo.
