El Gobierno estaría considerando una reestructuración importante del gasto fiscal, eliminando ayudas estatales que, según evaluaciones técnicas, ya no cumplen objetivos clave como la reducción de la pobreza o la vulnerabilidad. Así lo reveló un reporte de Diario Financiero, que apunta a que el Ministerio de Hacienda está afinando un plan que podría derivar en la eliminación o modificación de hasta 28 beneficios estatales, con un ahorro estimado de US$5,7 millones solo en este año.
Una estrategia de ahorro ante cuestionamientos al gasto fiscal
El alto gasto público ha sido uno de los principales focos de críticas hacia el actual gobierno, en medio de un contexto económico que exige mayor eficiencia en la administración de los recursos estatales. Bajo este panorama, el Ejecutivo está evaluando ajustes estructurales que apunten a racionalizar las transferencias directas del Estado, priorizando aquellas que tengan impacto comprobado en la reducción de desigualdades.
El Ministerio de Hacienda, junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres), lidera esta evaluación, que buscaría presentar iniciativas legislativas para modificar o suprimir beneficios que se considerarían redundantes o poco efectivos.
¿Qué ayudas están en la mira? Entre ellas, el Bono Bodas de Oro
De acuerdo con la información publicada, las ayudas sujetas a evaluación pertenecen principalmente a los ministerios de Educación, Desarrollo Social y del Trabajo. Los criterios de análisis han sido técnicos, centrados en impacto social, solapamiento con otras prestaciones y costo fiscal.
Uno de los beneficios que podría desaparecer es el Bono Bodas de Oro, el cual entrega un aporte económico a parejas que cumplen 50 años de matrimonio. Según las evaluaciones realizadas, este bono “no cuenta con argumentos técnicos que lo justifiquen” en términos de impacto en pobreza o vulnerabilidad social.
“No cumple con los objetivos estratégicos actuales del gasto social”, sería una de las conclusiones del análisis.
Registro Social de Hogares: El filtro seguirá vigente
A pesar de la posible eliminación de beneficios, el Gobierno reafirmó que el Registro Social de Hogares (RSH) continuará siendo la herramienta clave para la focalización del gasto. Este sistema recopila y cruza información socioeconómica de millones de familias a través de distintas bases de datos institucionales.
Durante este año, el Ministerio de Desarrollo Social modificó el formato de la cartola del RSH para facilitar su comprensión, sin alterar la Calificación Socioeconómica (CSE) de los hogares.
“El cambio es para entregar más y mejor información a las personas, aclarando por qué están ubicadas en un determinado tramo”, explicó la cartera.
Esto confirma que la lógica de focalización del gasto se mantendrá, y que la priorización de beneficios se orientará a quienes demuestren real necesidad, a través del cruce de datos con organismos como el Registro Civil, el SII, Fonasa, el IPS y otros.
Una reforma silenciosa pero estructural
Aunque aún no se han presentado formalmente los proyectos de ley, el plan que se perfila representa una reforma silenciosa pero estructural al sistema de ayudas estatales. De concretarse, se modificaría la lógica distributiva del gasto social en Chile, desplazando beneficios que responden más a criterios simbólicos que a resultados medibles.
El Gobierno apunta a generar mayor eficiencia sin afectar a los más vulnerables, aunque el debate político y social en torno a esta medida podría ser complejo, especialmente si se percibe como un recorte en tiempos de necesidad económica.
