El gobernador saliente Rodrigo Díaz dejó su cargo con una administración marcada por el escándalo del caso convenios, que incluyó denuncias de irregularidades en proyectos con fundaciones como Camila Polizzi y Bonhomía.
Informes de Contraloría y hallazgos recientes
Contraloría General de la República entregó los últimos informes sobre convenios firmados durante la gestión de Díaz, fiscalizando proyectos con la Corporación Artistas del Acero y la Fundación Artesanías de Chile. Los aportes involucrados superan los $1.490 millones.
Las investigaciones detectaron serias falencias en la fiscalización de los convenios, como atrasos en los «Acuerdos Operativos», falta de revisión técnica y financiera, y gastos insuficientemente acreditados.
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Fundación Artesanías de Chile: irregularidades y rendiciones incompletas
Uno de los proyectos revisados fue «Capacitación y apoyo artesanía tradicional», financiado con $180 millones. La Contraloría descubrió que los fondos fueron transferidos en una sola cuota sin exigir boleta de garantía, y el proyecto comenzó meses después de recibir los recursos.
De las 307 capacitaciones previstas, solo se reportaron 207. Además, $31.691.771 en gastos no fueron acreditados, y el Gobierno Regional solo aprobó rendiciones por $55.963.838 hasta mediados de 2024.
El denunciante Jorge Condeza indicó que gran parte de los fondos se destinó a la compra de artesanías, lo cual podría constituir una subvención encubierta, prohibida por ley.
Artistas del Acero: atrasos y conflictos de interés
La Corporación Cultural Artistas del Acero ejecutó dos proyectos con fondos regionales: «Capacitación y Difusión de Orquestas Juveniles» y «Crear Para No Olvidar», con un financiamiento total de $1.311 millones.
Contraloría detectó atrasos de hasta 190 días hábiles en las rendiciones de gastos, junto con $324.517.961 en egresos insuficientemente acreditados. Entre ellos, se incluyen servicios prestados por Küyen Medialab SpA, una empresa creada apenas días después de aprobarse uno de los convenios.
También se reportó un posible conflicto de interés al contratar a Guillermina Weber Álvarez, hermana del gerente de la Corporación, como encargada de logística y operaciones del programa conmemorativo del Golpe de Estado, con un pago de $2.068.965.
Más de $90 mil millones bajo la lupa de la Fiscalía
La administración de Díaz no es la única investigada. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional sigue revisando casos similares en otras regiones, con un monto total de $90 mil millones en convenios cuestionados.
