A partir del 1 de mayo de 2025, todos los comercios deberán emitir boletas electrónicas para cada compra, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento tributario y reducir la evasión del IVA.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha determinado que los establecimientos que emitan boletas de ventas y servicios, así como aquellos que reciban pagos electrónicos en transacciones presenciales, estarán obligados a entregar al comprador un comprobante de pago. La medida busca reforzar el control fiscal y garantizar el correcto registro de las operaciones comerciales.
Obligación de entregar boleta o comprobante de pago
Según la resolución del SII, los comercios deberán entregar obligatoriamente la boleta electrónica impresa cuando el pago se realice en efectivo o por transferencia bancaria.
En el caso de pagos con tarjetas de crédito, débito u otros medios electrónicos, el establecimiento deberá entregar la boleta electrónica impresa y/o el comprobante de pago (voucher), según el modelo de emisión de documentos que utilicen.
El SII aclaró que el envío digital de la boleta por correo electrónico, WhatsApp u otros medios seguirá siendo opcional, pero no reemplazará la obligatoriedad de la versión impresa.
Para aquellos comercios que aún no dispongan de una máquina de impresión o no hayan adecuado sus sistemas, el organismo estableció un plazo hasta el 1 de marzo de 2026 para cumplir con la normativa.
SII busca reducir la evasión fiscal
Patricio Muñoz, subdirector de Asistencia al Contribuyente del SII, destacó que esta medida permitirá que los impuestos pagados en cada compra lleguen efectivamente al Estado y que las transacciones queden debidamente registradas, sin importar el medio de pago utilizado.
Asimismo, hizo un llamado a los consumidores a exigir la emisión de boletas o comprobantes al momento de realizar sus compras, ya que esto es clave para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Desde el SII enfatizaron que este nuevo sistema no solo busca fortalecer el control sobre el IVA, sino también mejorar la capacidad de fiscalización del organismo, reduciendo así los niveles de evasión fiscal en el país.
