Diputado Raúl Soto entrega carta formal al presidente Boric
El diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto (PPD), hizo entrega de una carta al presidente Gabriel Boric, solicitando la entrega de pensiones de gracia vitalicias a las familias de los seis trabajadores que perdieron la vida tras el derrumbe ocurrido en la mina El Teniente.
En su misiva, Soto afirmó que “los mineros caídos en El Teniente no sólo entregaron su fuerza laboral, sino también sus vidas en el cumplimiento de un deber que, en esencia, contribuye al desarrollo económico y productivo de nuestra nación”.
Víctimas identificadas del derrumbe
Los trabajadores fallecidos fueron identificados como:
- Paulo Marín Tapia
- Gonzalo Núñez Caroca
- Álex Araya Acevedo
- Carlos Arancibia Valenzuela
- Jean Miranda Ibaceta
- Moisés Pavez Armijo
Fundamento constitucional y legal
El diputado fundamentó su solicitud en el artículo 32, N° 14, de la Constitución Política de la República, que establece como atribución presidencial el otorgamiento de indultos particulares en los casos y formas que determine la ley.
Además, argumentó que las pensiones de gracia pueden ser otorgadas por “razones fundadas de carácter social, humanitario o de reconocimiento a servicios prestados al país”, lo que habilita al Ejecutivo a actuar con justicia ante situaciones excepcionales.
Antecedente: mina San José
Soto recordó que, tras el derrumbe en la mina San José en 2010, el Estado otorgó pensiones de gracia a los sobrevivientes y sus familias, reconociendo su sufrimiento y la trascendencia de su experiencia. Para el parlamentario, ese mismo estándar ético debe aplicarse a quienes no sobrevivieron, asegurando que sus familias no queden en el olvido ni en el abandono.
Llamado a la acción
El legislador expresó que esta medida sería un “gesto concreto de humanidad, memoria y reconocimiento” hacia quienes han sostenido el crecimiento del país con su trabajo, incluso al costo de sus vidas.
Finalmente, solicitó que se instruya al Ministerio del Interior o al organismo correspondiente, para que se inicie el proceso administrativo que permita evaluar y eventualmente otorgar las pensiones solicitadas a las familias afectadas.
